Por qué desarrollar el Sistema de Atención a la Dependencia sería bueno para España

Ángel Rodríguez Castedo, impulsor de la Ley de Dependencia y exdirector general del Imserso, explicó en una ponencia en el marco del II Congreso Nacional ‘Dependencia, Cuidados y Empleo’ por qué el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) para atender a las personas en situación de dependencia debe configurarse “como la necesidad social emergente más característica de nuestro tiempo” y por qué es una oportunidad para mejorar la economía a través del empleo.

El Sistema de Atención a la Dependencia “no solo supone atender las necesidades de miles de ciudadanos y de sus familias cuidadoras [...], sino también impulsar el crecimiento de la actividad económica y de una intensa generación de empleo”, explicó Ángel Rodríguez Castedo durante su ponencia, celebrada el pasado mes de abril en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Castedo, una voz más que autorizada en temas relacionados con mayores y dependencia, desgranó en su intervención las bondades del SAAD en España, al considerar que la Ley de Dependencia es “una ley de primer orden no solo de política social, sino también de política económica”. El experto lamentó que la recuperación española “no llega a todos”, lo que “ha afianzado la idea de que el crecimiento económico ha roto su vínculo y compromiso con el progreso social”, algo que “constituye un grave problema para la legitimidad de la economía de mercado y para la propia democracia”, advirtió.

Cambio demográfico en España

Según Castedo, “tenemos un reto al que es necesario dar respuesta desde las administraciones, los agentes económicos y sociales y del conjunto de la sociedad”: el incremento de personas mayores en España, donde la esperanza de vida es de 83,1 años (80,3 para los varones y 85,8 para las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística). “El número de personas mayores de 65 años se ha duplicado en los últimos 35 años, pasando de 4,2 millones en 1981 a 8,8 millones en 2017”, reseñó.

El aumento de la esperanza de vida conlleva un aumento de las personas con discapacidad, según destacó Castedo. “Las situaciones de discapacidad están fuertemente relacionadas con la edad, pues se mantienen por debajo del 5% hasta los 40 años, superan el 10% a los 60, se sitúan en torno al 40-45% a los 80 y al 65-70% pasados los 85 años”, detalló. En España, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 (EDAD 2008), hay más de 4,1 millones de personas con diversos niveles de discapacidad; cerca de 3,8 millones viven en domicilios particulares.

Estos cambios sociodemográficos, unidos a la incorporación de la mujer al mercado laboral y a nuevos modelos de familia, requieren “revisar el sistema tradicional de atención, basado en cuidados a cargo de familiares, y asegurar una prestación de servicios profesionalizada”, explicó.

¿Es sostenible el Estado del Bienestar?

Quizá la mayor polémica de la Ley de Dependencia llegue por el lado del dinero. Muchos se preguntan si es sostenible la Ley de Dependencia, algo que Castedo tiene claro: “No parece que la economía española vaya a sufrir un gran quebranto por que el coste de la cobertura adecuada a la atención de personas en situación de dependencia se vaya acercando a los parámetros de coste sobre PIB de los países de referencia para España en la UE”.

Según explicó Castedo, España destinó en 2015 el 24,6% del PIB a protección social, “muy por debajo del 29,5% de la media UE-15”. “Este diferencial es mucho mayor si se compara con los países de referencia para España: Alemania, Francia e Italia, que tienen una media del 31%”, añadió. Por el contrario, España destinó a gastos por desempleo el 2,2% del PIB, cuando la media UE-15 es del 1,5%. “Es mejor gastar más en empleo que en pagar desempleo”, resaltó.

Por todo ello, Castedo quiso dejar claro que “dedicar recursos al desarrollo e implantación de las infraestructuras y servicios que garantiza la LAPAD es una de las mejores formas de contribuir a conseguir un modelo de crecimiento más sostenible y más intensivo en creación de empleo estable y no deslocalizable”, como es el de los profesionales en cuidado de personas dependientes.