El Defensor del Pueblo pide mejoras en las residencias de mayores que concuerdan con las reivindicaciones que mantiene desde hace años el sector, como contar con más personal o mejorar su formación y condiciones laborales.
El Defensor del Pueblo pide mejoras en las residencias de mayores en su informe anual de 2019, remitido al Congreso de los Diputados.
Según destaca ‘El País’, Francisco Fernández Marugán, nombrado Defensor del Pueblo en 2017, reclama en su informe una “profunda revisión al alza” de las ratios de personal en residencias de mayores. También pide una mejora de la cualificación de estos profesionales, mejoras salariales e incluso una mayor medicalización de los centros.
La memoria, que corresponde a 2019, no hace referencias a la crisis del coronavirus, durante cuyas semanas de mayor dureza las residencias de mayores se han sentido abandonadas por la falta de provisión de materiales y equipos de protección, así como por la negativa que han estado recibiendo a la hora de solicitar ingresar en hospitales a personas mayores contagiadas por coronavirus.
Sí hace referencia a reivindicaciones que mantiene el sector desde hace tiempo, y que, de hecho, llevaron a la ruptura de las negociaciones del Convenio de la Dependencia, al no poder encontrar un punto de encuentro los sindicatos y patronales sobre la forma y tiempo para introducir estas mejoras. Los sindicatos reclamaban las mejoras salarias de forma inminente, mientras que las patronales sostienen que son inviables si la Administración no revisa los precios que paga por los servicios que prestan estas empresas.
El Defensor del Pueblo pide mejoras en residencias de mayores, entre ellas más personal
El Defensor del Pueblo también refleja un “número insuficiente de plazas públicas y concertadas” para atender a los mayores y dependientes, y critica las “prolongadas” listas de espera para ver reconocida la situación de dependencia y recibir la prestación a la que tienen derecho. En su informe, el Defensor del Pueblo asegura que la mayor longevidad de la población española lleva a que las personas que llegan a las residencias de mayores sufran más patologías relacionadas con la dependencia, lo que obliga a reforzar plantillas y a mejorar su cualificación para poder atender a un perfil de usuarios que está cambiando.
El Defensor del Pueblo repasa el estado del sector residencial y de atención a la dependencia en España
El Defensor del Pueblo cifra en 373.000 las plazas residenciales para mayores en España, si bien no especifica el grado de ocupación. El CSIC lo estima en cerca del 80 %. Un estudio de CBRE cifró en 500.000 las camas necesarias en España hasta 2050 para atender en condiciones el aumento de población mayor de 65 años que habrá en el país, llamado a convertirse en líder mundial en longevidad.
El informe critica lo que llama “dispersión normativa” sobre las residencias de mayores en España, dado que las competencias están en manos de distintas Administraciones según el lugar de que se trate, lo que impide lograr marcos comunes para gestionar el sector. De ahí que el Defensor del Pueblo pida aumentar el número de inspecciones “para que puedan llevar a cabo [las distintas Administraciones] su función de vigilancia de forma eficaz”.
En esta memoria, el Defensor del Pueblo destaca la relación entre el sistema sanitario y el residencial. Destaca el modelo actual en el que los residentes que enferman “son derivados al Sistema Nacional de Salud”. Pero habla de tener en cuenta un modelo “más propiamente sociosanitario, que contara con una atención médica y de enfermería más amplia y extensa”. El Defensor del Pueblo, en este sentido, propone “que al menos, y dado el perfil muy dependiente de los residentes, se aumentaran las exigencias a los centros de contar con más medios sanitarios”, algo que califica de “posible y quizás conveniente”, a pesar de las reticencias del sector residencial a convertir las residencias de mayores en hospitales.
Fin de las sujeciones
El Defensor del Pueblo, en su memoria de 2019 remitida al Congreso, aboga por la creación de una Ley Orgánica “que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental de las personas en edad avanzada”, con el foco puesto también en arrinconar las sujeciones a momentos “excepcionales y puntuales”. Una práctica que, en todo caso, debería contar con consentimiento informado “siempre por prescripción facultativa”.
Es otra de las luchas del sector, en este caso más sencilla de implementar porque depende de cambios organizacionales y de enfoque de los cuidados, y se cuenta con la ayuda y supervisión de entidades especializadas que trabajan para guiar a los centros a esta nueva, y más humana, forma de cuidar.
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