Dr. Ribera Casado: “El ‘edadismo’ ha contribuido a crear un ambiente poco favorable para las personas mayores”

José Manuel Ribera Casado es uno de los nombres propios de la Geriatría en España: catedrático emérito de la Universidad Complutense, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina y autor de más de medio centenar de libros. Su biografía contiene muchos más hitos para el sector encargado de atender a los mayores. Pero, ahora, hablamos con él de las semanas en las que parece que hemos olvidado como sociedad que detrás de cada persona mayor hay, esencialmente, una persona.

¿Cree que se ha negado la atención sanitar a las personas mayores durante las peores semanas de la pandemia de coronavirus?

Yo he vivido toda la cuarentena encerrado, sin ir al hospital, por lo que no tengo mucha más información. Pero, por lo que he leído, se ha obstaculizado en muchos sitios, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el acceso de las personas mayores a hospitales.

Cuando se establecieron los criterios para residencias de mayores, se habló de medidas preventivas, de aislamiento o de programas para hospitales, pero no se hablaba de residencias. Esto se puso de manifiesto por parte de los medios de comunicación, hacia finales de marzo, y ahí se tomó conciencia del problema.

¿Estaban preparadas las residencias de mayores para afrontar el problema?

Las residencias estaban y siguen estando poco preparadas para un evento de este tipo. Son lugares en los que viven personas que no pueden vivir en su casa, por tener limitaciones físicas o mentales que lo hacen imposible. Es gente muy vulnerable, muy mayor, con una media de edad de 90 años y bastantes centenarios. Tienen mucha dependencia física y mental. Hay residencias en las que la proporción de pacientes demenciados se acerca al 50 %, y en prácticamente todas, los pacientes que requieren ayuda para alguna actividad básica de la vida diaria pueden superar la mitad.

Además, las condiciones de vida hacen difícil el aislamiento, al vivir juntos y tener espacios comunes para comer, ver la televisión o actividades religiosas. Y el personal que trabaja con ellos suele ser escaso, no ya el sanitario, sino los auxiliares y gerocultores, que están poco protegidos.
Otro aspecto importante es que las residencias no se pueden considerar un bloque unívoco, las hay de 400 o 500 plazas y las hay de 12 o 14.

Oficialmente, la atención de las dependencias depende de los centros de salud cercanos. En esos meses estaban desbordados y las posibilidades de actuación eran escasas.

¿Ha habido normas expresas para obviar esta atención sanitaria?

Sí, unas más claras y otras más sutiles. Yo he leído documentos de comités de ética. A veces, ponían condiciones que, en la práctica, impiden que en unas urgencias desbordadas vayan. En algunos hospitales había carteles en los que se indicaba que no se iba a atender a pacientes derivados de residencias. Todo hay que matizarlo mucho, no es lo mismo una persona dependiente pero relativamente bien que una persona terminal por otra enfermedad. Pero, entre eso y el que estaba el día antes de ponerse malo en buenas condiciones, hay una gama muy grande.

Yo creo que sí ha habido, moralmente al menos, documentos que, aunque matizados, limitaban las posibilidades de acceso. Y documentos más explícitos en los que se utilizaba la edad como criterio, lo cual no tiene sentido, porque se ha utilizado mal también en los medios de comunicación, que en marzo decían que ‘los que se mueren son los viejos’. Eso es un mensaje perverso porque es contraproducente: si los que se mueren son ‘los viejos’, yo, que tengo 40 años, por qué me tengo que asilar. Esa discriminación, conocida como ‘edadismo’, ha contribuido a crear un ambiente poco favorable para las personas mayores.

¿Qué se puede hacer ahora?

Hay que replantearse el tema de las residencias. Los profesionales que proceden del área social dicen, por lo general, que, si las residencias son una alternativa a la casa, cuanto menos medicalizadas estén, mejor. Eso requiere matizaciones: nosotros en casa tenemos medicinas o un termómetro. Si multiplicamos eso por 400 personas, muchas de ellas con limitaciones, la necesidad de que haya cierta medicalización parece bastante obvia.

Pero, desde el área sanitaria se dice que, si hay mucha patología en las residencias, por qué no va a haber medicalización. El debate se está centrando en hasta qué nivel y en qué condiciones debe fijarse un grado de medicalización en las residencias.

Porque una UVI no es una medicalización apta para residencias.

La UVI es el extremo máximo de lo que ha pasado. En la fase más crítica del problema, si hay una cama para cinco candidatos, la situación es difícil e incómoda, y ahí la edad ha contado. La UVI es una situación a la que uno llega cuando rebasa una serie de niveles que impiden estar en lo general, pero en la que hay un porcentaje de posibilidades de recuperación. Son para recuperar a gente que está muy mal y que requiere mucha atención.

En Medicina existen protocolos para casi todo. La edad, dicen, no debería ser un criterio.

La edad no debe ser un criterio nunca en medicina para nada. Pero lo ha sido. Hace 40 o 50 años, en mi propio hospital, si alguien llegaba con un infarto y tenía 80 años, no había cama; si tenía 45, sí había. Eso ahora, afortunadamente, ocurre muchísimo menos, pero la edad se ha utilizado en medicina. Ahora se ha reactivado y eso no es admisible ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista del sentido común.

Pero en sanidad privada parece que no ha sucedido nada parecido.

Se ha utilizado en las dos, pero la sanidad privada tiene la característica de que cobra. Mira, cuando se inventó la diálisis, en Estados Unidos se excluyó a los mayores de 65 años. Tres años después, la mayoría de los pacientes superaban esa edad porque con 40 años no te funciona mal el riñón. Y, además, la mayoría de los centros eran privados, donde la gente paga.

En sanidad pública sí se trasladó a hospitales a pacientes infectados que vivían en su casa.

Generalizar es muy malo, hay ejemplos para todo. Porque uno de los primeros fallecidos de la Comunidad de Madrid procedía de una residencia.

¿Esta situación podría ser un delito?

Eso a mí se me escapa. Yo creo que este tipo de problemas no los debe resolver el juez, sino la sociedad a través de los órganos sociales, como Consejerías o sociedades científicas. En Alcorcón hubo unas residencias con muchos fallecidos y los familiares fueron al juez, quien ha dicho que hay que medicalizar esas residencias. En la sentencia pone un ejemplo: cuando se han habilitado hoteles como hospitales, se han puesto médicos y enfermeras, y eso es lo que constituye su medicalización.

¿Y eso sería una medicalización apropiada para las residencias de mayores?

Una residencia de 12 personas no tiene ni capacidad ni, quizás, necesidad; pero una de 300 o 400 camas, necesita tener profesionales sanitarios dentro permanentemente. Muchas urgencias de hospitales se llenan los fines de semana de personas que vienen de residencias. Muchos de los problemas médicos que suceden en residencias se deberían poder resolver ahí mismo, con determinados fármacos corrientes o incluso oxígeno, suero o aparatología que permitan conocer niveles de azúcar, por ejemplo. Muchas residencias grandes lo van teniendo, como aparatos de electrocardiografía. Pero deberían tenerlo todas porque es una primera orientación diagnóstica.

¿Cree que el sistema de las residencias debería pasar a depender del sanitario, en lugar del social?

Es un tema de debate. En Inglaterra, en la segunda mitad del siglo pasado, se planteó, al crear en NHS. Yo creo que la parte social y la sanitaria deberían depender del mismo organismo, porque sería la manera de que no anduvieran peleados y que los presupuestos dependieran del mismo sitio para racionalizar los recursos. Las residencias son muy distintas, por lo que una reglamentación muy rígida no tiene mucho sentido, hay mucho que matizar.

Hay residencias que son casi monográficas, solo para enfermos de Alzheimer o recuperación de fracturas de cadera, por ejemplo. Cuando comenzó el mundo de las residencias, más allá de los asilos de las monjitas, que funcionan desde el siglo XVIII, se diferenciaba entre ‘válidos’ y ‘asistidos’. En las primeras, eran personas básicamente sanas. En las segundas, necesitaban mucha más ayuda. Pero una persona de la primera clasificación en algún momento puede pasar a la segunda.

Creo que deberían depender tanto de servicios sociales como de sanidad, por lo menos las públicas; pero en las privadas hay que establecer bien las normas y las inspecciones.