Recomendaciones del Colegio de Médicos sobre sujeciones concluyen que "el objetivo final debe ser reducir al mínimo el número de inmovilizaciones terapéuticas e incluso llegar a su desaparición, como ya sucede en múltiples centros, tanto de nuestro país como de otros lugares del mundo".
Así lo recoge el documento "Recomendaciones sobre inmovilizaciones terapéuticas (sujeciones) físicas y químicas" elaborado por la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), que indica que el empleo de estas retenciones "sólo es moralmente lícita cuando se utiliza como medida de excepción".
"Es una medida excepcional que sólo debe emplearse como último recurso y cuando otro tipo de medidas se han mostrado ineficaces", ha afirmado la vicepresidenta del ICOMEM, Belén Padilla, quien respecto a su uso ha precisado que "estará bien realizado si es útil para conseguir los fines propuestos, si no existen medidas menos gravosas para conseguirlos con la misma eficacia y si el balance entre riesgos y beneficios es favorable".
Las principales indicaciones asociadas al uso de sujeciones que menciona el Colegio de Médicos son la prevención de lesiones en el paciente o terceras personas (agresiones, caídas...) y de posibles daños materiales e interrupción de medidas terapéuticas instauradas con sondajes u otros sistemas de soporte vital.
En ningún caso, precisa el ICOMEM, deben emplearse sujeciones en situaciones de carencia de personal o como medida de castigo.
En la aplicación de sujeciones, si no fuera evitable, debe primar el respeto al paciente, "evitando situaciones de humillación o uso excesivo de la fuerza, además de procurar que el entorno sea relajado y tranquilo, y sin la presencia de terceras personas", ha explicado Padilla.
La psiquiatra y vocal de la Comisión de Deontología del ICOMEM, María Jesús del Yerro, ha advertido, por su parte, que "la forma en la que se aplican las sujeciones va influir en la que persona afectada sea tratada con el respeto y la dignidad que se merece". Además, ha recordado que "hay que tener en cuenta que son prácticas que no están exentas de riesgos, ya que pueden provocar lesiones permanentes que pueden llegar a ser irreversibles, e incluso llevar a la muerte".
Las sujeciones físicas o mecánicas de empleo hospitalario y en recursos residenciales son dispositivos que, aplicados a una persona, no pueden ser controlados o retirados por ella con facilidad, y que tratan de evitar su libertad de movimientos o el natural acceso a su cuerpo, como correas, chalecos o barandillas para las camas. Las retenciones químicas o farmacológicas consisten en el uso de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central y provocan una sedación o reducción de la movilidad de la persona, del tipo de neurolépticos o benzodiacepinas.
En este sentido, las conclusiones del documento elaborado por el Colegio de Médicos de Madrid recogen que "dada la situación de especial vulnerabilidad de la persona contenida, deberán ser mayores la atención y los cuidados que reciba para evitar la aparición de daños y prevenir las posibles complicaciones."
El ICOMEM también detalla en su trabajo "Recomendaciones sobre inmovilizaciones terapéuticas (sujeciones) físicas y químicas" que el profesional que debe indicar si es necesaria la inmovilización del paciente es el médico. Asimismo, "es conveniente que, tanto la puesta en marcha como la retirada, se consensúe con el personal de enfermería, por que ello redundará en beneficio del paciente", ha explicado Del Yerro.
El procedimiento debe estar protocolizado, los profesionales deben estar entrenados y el centro debe disponer de un catálogo de material homologado para su uso. Y, en su desarrollo, debe "existir un documento de autorización o denegación en el que conste para qué se indica, el motivo, la duración prevista, los medios a utilizar y la firma del familiar o representante, y la del médico que realiza la indicación", recoge el documento de recomendaciones.
En caso de denegación por parte de los familiares o representantes, si se considera que el rechazo no responde al mejor interés del paciente, "se solicitará la autorización o no de la medida por parte de una autoridad judicial". Todo el procedimiento, advierte el documento de recomendaciones elaborado por la Comisión de Deontología de Colegios de Médicos de Madrid, tendrá que constar por escrito en la historia clínica del paciente.