Lares defiende la formación permanente en competencias digitales para los más de 160.000 trabajadores del sector de la dependencia, para lo que considera que los agentes sociales del ámbito deben apoyarse en el Plan Nacional de Competencias Digitales.
“Esta revolución también está llegando al sistema de dependencia y debemos de velar por que las nuevas fórmulas de trabajo o los modelos arcaicos de relaciones laborales, no acaben perjudicando a los trabajadores", ha afirmado el presidente de Lares, Juan Vela, tras la celebración de la XXVI Asamblea General de CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social).
En esta Asamblea, Vela ha subrayado que la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señaló que por cada tres empleos que se destruyan en la economía real, nacerán cinco puestos de trabajo nuevos en la economía digital.
Para el presidente de Lares, "el mayor activo estratégico del sector de la dependencia deberían ser las personas que trabajan en él” y, por tanto, la necesidad de su formación en las competencias ya del presente es innegable.
Asimismo, Juan Vela ha solicitado el acceso a Internet para todos los pueblos de España antes de 2022, como garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante los servicios sociales de atención a la dependencia.
En este sentido, Lares ha comunicado que espera que el Plan 300x100 impulsado en el marco del desarrollo tecnológico y la agenda digital, permita alcanzar este objetivo, al menos en los 300 megabytes comprometidos en ese programa. Ello permitiría garantizar la igualdad en el acceso a modernos servicios de teleasistencia y estrategias de acercamiento a las personas mayores en el entorno rural.
Además, ha pedido al Gobierno de España y al de las comunidades autónomas implementar medidas calendarizadas que permitan abordar la brecha digital de amplios sectores de la población mayor de 60 años.
Lares, que también abordará las nuevas tecnologías en su XVIII Congreso Nacional que celebrará en Madrid en octubre, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al servicio de personas mayores, discapacitadas, dependientes o en riesgo de exclusión social. A ella pertenecen 17 asociaciones autonómicas que aglutinan a 1.050 centros y servicios repartidos por toda España, que atienden a más de 70.000 personas, con 35.000 trabajadores y 9.000 voluntarios.