Castilla y León inicia la recuperación de las prestaciones por dependencia que se destinan a los cuidadores familiares con la reversión, por parte de la Junta de esta Comunidad, del 70 por ciento de la reducción de estas ayudas realizado en el año 2012. La medida da cumplimiento al compromiso adquirido, en este sentido, por el presidente de la región, Juan Vicente Herrera, del PP.
Esta reversión del recorte en las prestaciones por dependencia ha quedado recogida en una Orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL). La actuación, que supondrá una inversión de entre 5 y 6 millones de euros, beneficiará a un total de 24.000 personas, atenderá las reivindicaciones de entidades del sector y responderá al principio de justicia, ha informado la Junta.
"Más allá de lo económico, estas medidas quieren, también, dignificar y poner en valor la figura del cuidador familiar de las personas dependientes, que acumulan un importante desgaste, tanto físico como emocional", ha afirmado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, quien ha insistido en el compromiso de la Junta con el desarrollo actuaciones que sigan facilitando su tarea.
La recuperación en este 70 por ciento de las ayudas a los cuidadores familiares tiene carácter inmediato, ha anunciado la Junta de Castilla y León. Asimismo, su efecto es retroactivo desde el 1 de enero del presente 2018. Para el próximo 2019, la Administración autonómica ha anunciado que rescatará el 30 por ciento restante de la reducción de las ayudas de hace seis años.
Todo ello se suma al refuerzo de la ayuda a domicilio y la teleasistencia realizado en la Comunidad castellanoleonesa a través del Acuerdo del Diálogo Social del 15 de febrero y al reconocimiento del derecho a las prestaciones de dependencia a partir del quinto mes de presentada la solicitud, en lugar de al sexto previsto en la normativa estatal, para aquellas solicitudes presentadas desde el 1 de enero de 2018.
La reducción de estos plazos comprometida por la Junta de Castilla y León será progresiva, de un mes por cada año, hasta llegar a los 3 meses en 2020.