AESTE impugna licitaciones públicas para la gestión de tres residencias en Euskadi, en las localidades guipuzcoanas de Azkoitia, Villabona y Zumaia; para la prestación del servicio de teleasistencia en Castilla-La Mancha, y de ayuda a domicilio en Zaragoza, por considerar que contemplan condiciones de acceso a la convocatoria que vulneran la libre competencia.
Asimismo, a juicio de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), vulneran la concurrencia del mayor número de empresas, al igual que contemplan criterios de acceso que no guardan relación con el objeto de los contratos y que, en algunos casos, resultan ser desproporcionados.
En el caso de los pliegos que rigen la convocatoria de la gestión de las residencias de Azkoitia, Villabona y Zumaia, AESTE ha detallado que reclama la vulneración de la legalidad por la exigencia de un certificado concreto (Bikain) que acredita la implantación del uso del euskera en la empresa certificada.
Esto, ha asegurado la organización, no guarda relación directa con el servicio contratado y resulta discriminatorio en relación al resto de empresas de la UE.
En cuanto a la convocatoria de licitación del servicio de teleasistencia en Castilla-La Mancha, la patronal entiende que debe preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, para el fomento de la concurrencia del mayor número de empresas del sector.
Asimismo, ha señalado como desproporcionada la inclusión, como criterio de solvencia técnica, de la acreditación de una experiencia en la prestación de un servicio de teleasistencia en la que se hayan gestionado simultáneamente al menos 20.000 terminales activos.
Respecto a la impugnación del servicio de ayuda a domicilio en Zaragoza, AESTE estima que todas las licitaciones que ofrezcan la posibilidad de introducir mejoras, deben reflejarlas en los pliegos de una manera correcta y sin fomentar la arbitrariedad, además de guardar relación directa con el objeto del contrato.
También considera imprescindible que, cuando se introduzcan los criterios de solvencia, no se confundan con lo que debería ser considerado como una mejora o una cláusula social sin relación directa con el objeto del contrato, como podría ser la introducción de políticas de igualdad de sexos.
Con la impugnación de estas cinco licitaciones anunciada por AESTE en un comunicado que las enmarca en los últimos meses, la asociación ha explicado que pretende defender los intereses de las empresas del ámbito de la dependencia y reivindicar la necesidad de un sector en el que la calidad de la atención recibida por el usuario sea el elemento esencial.
En este sentido, la organización ha recordado que, en numerosos casos, la prestación de estos servicios es mayoritariamente pública a través de licitaciones y la importancia, por ello, de que éstas se resuelvan en condiciones que permitan a las empresas acceder al mercado de forma competitiva y en cumplimiento de la normativa de contratación pública del sector.
En los últimos años, AESTE ha interpuesto más de 50 recursos contra concursos públicos en todas las comunidades autónomas y los tribunales le han reconocido tener la razón en más del 60 por ciento de ellos.
AESTE agrupa a los grandes operadores privados de servicios residenciales, de teleasistencia y de ayuda a domicilio en España, que suman 380 residencias con 45.000 plazas, 160 centros de día con 8.000 plazas, 42.000 usuarios del servicio de ayuda a domicilio y 50.000 de teleasistencia.
Los grandes operadores que componen esta patronal, que son Amavir, Ballesol, Caser Residencial, Eulen Sociosanitarios, DomusVi, Ilunion Sociosanitario, Orpea Ibérica y Sanitas Mayores, cuentan con 42.000 trabajadores y una facturación anual de 1.300 millones de euros, lo que supone más del 25 por ciento de la facturación total del sector.