¿Por qué han recurrido el Decreto que regula la atención farmacéutica en residencias para mayores de Aragón?
Esta ley llevaba años en borrador, presentamos alegaciones y no volvimos a saber nada; y ha sido publicada un 6 de agosto sin notificarnos a ninguno de los interesados que se iba a proceder de esta manera.
Nuestras residencias son entidades privadas que dan servicio a las personas mayores en Aragón. Dependemos de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales y, sin embargo, la Consejería de Sanidad, sin ofrecernos ni la opción de negociarlo, ha publicado un decreto que nos afecta directamente en nuestra gestión diaria.
¿Qué novedades introduce el Decreto respecto a la situación anterior?
Todas las residencias hasta el momento, independientemente de su tamaño, han adquirido la medicación con autorización de sus usuarios y en la farmacia que consideraran que les dispensaba un mejor servicio.
Con el nuevo Decreto, las residencias de cien o más camas deberán, o bien tener una farmacia propia dentro del centro, algo inviable por las instalaciones que requeriría y el personal especializado en farmacia, o bien disponer de un depósito de medicación dependiente del almacén del hospital de referencia.
Por su parte, las residencias de menos de cien camas no podrán seguir colaborando con sus farmacéuticos habituales, sino que deberán depender de la farmacia que les asigne la Administración.
¿En qué creen en ARADE que se va a traducir de cara a la gestión de los centros?
Las direcciones de los centros de cien o más camas están francamente preocupados. En la actualidad, este sistema se está llevando a cabo en los centros públicos y todos sabemos lo mal que funciona.
Los pedidos de medicamentos, la mayoría de las veces, no llegan completos o llegan erróneos, y deben desplazar a una persona al hospital a por la medicación que les dispensan cada 15 días. Las reciben en cajas y la residencia debe preparar la medicación para cada uno de los usuarios.
Frente a este sistema que entendemos que sería nefasto para el buen servicio a nuestros usuarios, en la actualidad son las oficinas de farmacia las que suministran a nuestras residencias la medicación en SPD (Sistema Personalizado de Dosificación) para que podamos dispensar la medicación con mucha más facilidad.
Nuestros farmacéuticos, en su derecho a ejercer una libre competencia, se molestan por darnos un buen servicio porque somos sus clientes. Muchos de ellos han realizado importantes inversiones en sistemas robotizados para asegurar la trazabilidad del medicamento y ahora pretenden que concursen y se les entregue el servicio a nuestras residencias a cualquiera que lo solicite y cumpla una serie de baremos.
En resumidas cuentas, nuestra gestión se va a complicar mucho porque necesitamos a menudo cambios de medicación, medicación urgente por altas de nuevos usuarios o medicaciones no habituales, y nuestros farmacéuticos colaboraban con nosotros en el día a día facilitándonos nuestra labor.
¿Y qué supondrá el Decreto de cara a la atención a los mayores y/o dependientes?
El cambio será negativo porque cambiar un sistema que funciona por otro que empeorará la atención supondrá, además de entorpecer nuestra gestión, una merma en la calidad de servicio, que es lo que realmente nos preocupa.
Desde los despachos que toman estas decisiones no son conscientes de lo que supone para una persona mayor incluso que cambie el color o la forma de una de las pastillas que toman habitualmente.
¿Qué papel juegan las residencias en la actualidad a la hora de dispensar medicamentos? ¿En qué va a cambiar ese papel con el nuevo Decreto?
Este es un servicio diario, la mayoría de nuestros usuarios tienen enfermedades crónicas que deben ser tratadas y nuestros equipos multidisciplinares se ocupan de que se les dispense la medicación que necesitan.
En este sentido, la labor del centro es importante porque muchos de nuestros mayores llegan polimedicados por la falta de geriatras en el Sistema y la falta de coordinación, a menudo, de las distintas especialidades. En las residencias, con el apoyo médico y farmacéutico se les ajusta la medicación.
Con el nuevo Decreto, sobre todo en los centros que más se necesita, que son los de más camas, se perderá esa coordinación que teníamos con nuestras farmacias de referencia y ese servicio tan necesario. Este Decreto solo ha tenido en cuenta unos posibles ahorros económicos y no lo que es realmente importante, la atención a la persona mayor en un aspecto tan importante como es la salud.
¿Cómo se regula en otras comunidades autómonas este asunto? ¿Qué diferencias positivas existen?
Todo parte de un Real Decreto sobre sostenimiento del sistema en el que priman las cuestiones económicas. En otras comunidades también se está en proceso de cambio y en algunas también se ha recurrido. En otras no ha llegado a funcionar por la saturación de los almacenes hospitalarios o porque se han hecho pruebas rotando las farmacias que atendían a las residencias.
Como siempre, las competencias en cada comunidad permiten la interpretación de la norma dependiendo de quién gestione cada Consejería. Hasta ahora, en Aragón trabajábamos como en la mayoría de las comunidades, con nuestras farmacias, que cada centro elegía en función del servicio que nos ofrecían. Cualquiera puede entender que como centros privados que somos, no tengamos por qué admitir que nos impongan con quién debemos o no trabajar.
¿Qué reclama ARADE al Gobierno regional con este recurso? ¿Cree que podrán alcanzar un acuerdo?
Lo que pedimos es sencillo: que nos dejen seguir trabajando como lo estábamos haciendo hasta el momento. No tiene ningún sentido que una residencia del ámbito rural, por tener cien camas, tenga que adquirir la medicación en un hospital que está a kilómetros de distancia y generar con ello el cierre de farmacias rurales que llevan años dándonos un buen servicio los 365 días del año.
No tiene ningún sentido que nos obliguen a trabajar con farmacéuticos que no se han molestado nunca por darnos servicio y ahora convertirnos en sus clientes obligados.
Desconozco la flexibilidad que pueda tener la Consejería de Sanidad cuando nos permitan trasladarles la cantidad de inconvenientes con familiares y usuarios que este Decreto nos va a ocasionar. Pero sí confío en el buen hacer de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, de la que dependemos como centros sociosanitarios que somos, no hospitales. Y en su intermediación para hacerles comprender que el papel todo lo aguanta, pero el día a día de nuestros centros, y en un tema tan serio como es la medicación de las personas mayores, nos va a obligar a sentarnos y coordinarlo antes de que tengamos consecuencias que nadie desea.