Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, ha desvelado en las Cortes autonómicas las 100 medidas que implementará su equipo para los mayores.
La medida más destacada de entre las anunciadas es la puesta en marcha de una Lay del Tercer Sector que sirva de órgano participativo y coordinador en materia de políticas sociales. Esta ley también buscará mejorar el Acuerdo Marco en Castilla y León durante los próximos cuatro años.
Durante su comparecencia, Isabel Blanco anunció una partida de 400 millones de euros al año para potenciar las políticas de ayuda a los mayores en la Comunidad, así como la ampliación del Programa Integral de Envejecimiento Activo de Castilla y León, el llamado ‘Club de los 60’. También se ampliarán los casos en que la teleasistencia será gratuita y se buscará reducir el copago que soportan aquellos grupos más vulnerables.
Asimismo, y para evitar la despoblación que sufre gran parte del mundo rural español, la Juna pondrá en marcha la Universidad de la Experiencia Rural, que buscará dar respuesta a este problema a través de las experiencias de personas que han vivido toda o gran parte de su vida en entornos rurales. Una iniciativa que buscará despertar entre los jóvenes el interés por estos espacios a menudo olvidados.
La consejera castellanoleonesa también anunció ayudas específicas a las familias enfocadas a la conciliación y corresponsabilidad, con especial énfasis en los cuidadores no profesionales. Y un plan para mitigar la soledad en los mayores en núcleos urbanos, que se materializará en la creación de una ‘red social’ que permita detectar los casos.
Castilla y León también buscará aprobar una Ley de Atención Residencial en la que se regulen nuevos modelos de atención a los mayores, incluso en casa, y el uso de sujeciones en la Comunidad. El texto también contemplará la conversión de 200 plazas residenciales subvencionadas en plazas específicas para personas con discapacidad, y reducirá los plazos para reconocer el derecho a percibir prestaciones a un máximo de tres meses.
Castilla y León cuenta con más de 600.000 personas mayores de 65 años, cifra que aumentará en un 20 % en los próximos 15 años, según destacó la propia consejera durante su comparecencia.
En esta comunidad autónoma residen, además, más de 175.000 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 7 % de la población total. De ellas se encargan 32.000 profesionales, una cifra que duplica la media nacional y que es especialmente fuerte en el entorno rural de esta autonomía.