Lares rechaza crear una comisión de vigilancia en residencias sociosanitarias, como ha propuesto la Organización Colegial de Enfermería durante la última Asamblea General que ha celebrado en Madrid.
La Organización Colegial de Enfermería ha aprobado la creación, junto a la Asociación Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, de una ‘Comisión Enfermera de Investigación’ que realice un seguimiento de la calidad asistencial en centros sociosanitarios.
La medida ha sido justificada en base a estudios científicos que han demostrado la correlación entre la carencia de personal de enfermería en los centros y el aumento de la mortalidad, con importantes impactos tanto en la calidad asistencial como en la calidad de vida de los residentes.
En respuesta a este proyecto, Lares ha emitido un comunicado en el que rechaza el plan de creación de dicha Comisión porque contribuye “a generar una mala imagen de quienes atienden en centros y servicios sociales a personas mayores porque a lo que se refiere son centros de servicios sociales en los que se atienden personas en situación de dependencia que requieren de cuidados sanitarios”, según especifica.
Lares dice compartir con el Consejo General de Enfermería “su interés en defender a quienes más nos necesitan”, puntualizando que lo hace “desde la ayuda sin financiación pública a millares de personas que los servicios sociales dejan a su suerte por no poder acceder al sistema de dependencia”.
En su comunicado, Lares afea al Consejo General de Enfermería que “se trata de evitar” la “crítica” a las Administraciones, que considera que son “quienes deben ser vigilados” en lugar de los profesionales de enfermería. Y expone, entre las razones que sostienen este argumento, que “es la Administración quien de manera irresponsable deja de atender gratuitamente a las personas mayores y en situación de discapacidad cuando entran en el sistema de dependencia” porque “los más vulnerables deben copagar sus servicios sanitarios”.
Además, y ante la queja del Consejo General de Enfermería de la escasez de profesionales de este ámbito por las, en su opinión, condiciones laborales que se ofrecen, Lares asegura que “es la Administración quien propicia con sus decisiones la menor consideración y prestigio, así como el menor salario, del personal sanitario que trabaja en servicios sociales”. “En los centros públicos de gestión directa [la Administración] permite que se adopten decisiones sin contar con los directores de los centros”, protesta, y añade que “es la Administración, especialmente la sanitaria, quien promueve una precarización de la atención de las personas en situación de dependencia al no financiar los costes sanitarios de los centros residenciales”.
Asimismo, Lares denuncia en su comunicado “la existencia de un objetivo compartido por muchos, intentar resolver el déficit de la cartera de servicios sanitarios con servicios que sean prestados por los servicios públicos sanitarios” porque, en su opinión, “se trata de un suculento ámbito de negocio”.
No obstante, Lares ha solicitado al Consejo General de Enfermería una reunión para promover “la colaboración conjunta de un documento de diagnóstico que analice las necesidades del sector”.