CEAPs propone a sindicatos aumentar salarios y retomar negociaciones sobre el Convenio de la Dependencia, pero vincula la hipotética subida a “luchar juntos para lograr un aumento del presupuesto mínimo de 850 millones de euros al año”, según explica en un comunicado.
Desde el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) emplazan a los representantes sindicales, en plena campaña de movilizaciones tras la ruptura de las negociaciones sobre el VIII Convenio de la Dependencia, a retomar el diálogo “con una garantía de inversión pública estatal que dignifique el sector y que logre un sistema de dependencia viable y sostenible”.
La patronal, que nunca se ha negado a la subida salarial reclamada por los sindicatos, pero siempre la ha vinculado a una mejora en la financiación pública y a una puesta en marcha progresiva, propone aumentar la financiación en 850 millones al año durante tres años consecutivos. Además, apuesta por priorizar las PEVs “como garantía de libertad de elección del usuario”, vincular conciertos públicos “a la calidad en vez de al coste” y vincular la financiación con la ratio de profesionales y al propio aumento de sueldo de los trabajadores del sector.
CEAPs sugiere incluir estas medidas en un ‘preacuerdo de futuro’ para “un sector que se hunde si no se toman medidas desde hoy mismo”, en palabras de Cinta Pascual, presidenta de CEAPs. “Tenemos que solventar el hablar de subidas de sueldo y flexibilidad solo a corto plazo y pensar en el futuro de un sector que no es viable a largo plazo con la realidad actual”, alerta.
Las negociaciones sobre el VIII Convenio Colectivo de la Dependencia saltaron por los aires el 11 de octubre, fecha límite propuesta por los representantes sindicales para alcanzar un acuerdo. Poco después, anunciaron movilizaciones, aunque han mantenido en todo momento la oferta de retomar el diálogo, pero con la condición de la subida salarial en 2019 y 2020 hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 14 pagas para 2021, algo considerado inasumible por la patronal.
Los representantes de las empresas tampoco reniegan ni de una continuación de las negociaciones ni de la propia subida salarial en sí, aunque reclaman a las Administraciones que se involucren en el conflicto y mejoren la financiación de unos servicios que las Comunidades Autónomas financian en hasta un 80 %, un 30 % más de lo que les correspondería. “Estamos arrastrando de raíz un problema que lleva a los profesionales y usuarios, las personas, a un futuro absolutamente incierto del que no se habla porque no genera titulares”, explica Cinta Pascual.