Aralia gestionará una residencia de mayores en Aranda de Duero, en Burgos, tras ganar un concurso presupuestado en casi 13 millones de euros. La compañía madrileña gestionará la residencia y centro de día Virgen de Las Viñas hasta 2024, según las bases de la licitación.
El centro, con 130 plazas residenciales y 32 de estancia diurna, estaba siendo gestionado hasta ahora por la Junta de Castilla y León, que pagará 45,8 euros por plaza residencial y día y otros 26,67 euros en el caso de las plazas de centro de día. El importe de la licitación rozará los 13 millones de euros, distribuidos en 2,59 millones para 2020; 2,5 millones en 2021; 2,6 millones en 2022; 2,7 millones en 2023 y 2,4 millones en 2024.
Castilla y León es una de las regiones más envejecidas de España, superando los 190 habitantes mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, según datos de la Fundación Adecco. La media española es de 118 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.
Aralia Servicios Sociosanitarios ha ganado una licitación por la que también competían Sar Residencial, Arquisocial, Centenari Salud o Sacyr, entre otras compañías del sector residencial. La compañía, fundada en Madrid hace dos décadas, atiende a más de 16.000 personas en los centros que gestiona, que incluyen residencias, centros de día y hogares para mayores.
El grupo tiene presencia en gran parte de España, con centros, además de en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, Aragón, Cantabria y Murcia. En total gestiona casi 40 centros en todo el territorio nacional, atendidos por más de 2.500 profesionales que tiene en plantilla.
Este tipo de empresas especializadas en la gestión de centros geriátricos titularidad de terceros, principalmente pública, están viviendo una pequeña edad de oro debido a la necesidad de las Administraciones de sacar a concurso la gestión de los que poseen para ganar eficiencia y ahorrar costes.
Sin embargo, los reducidos presupuestos con que se licitan han generado un conflicto en el sector que se ha materializado en la ruptura de negociaciones para el VIII Convenio Colectivo de la Dependencia, ya que los sindicatos exigen una subida salarial hasta lograr los 1.000 euros mensuales y las compañías del sector aseguran que es inviable si la Administración no revisa al alza los precios.