La crisis del coronavirus en residencias de mayores, que ha dejado más de medio centenar de muertos hasta la fecha, ha puesto el foco en las malas condiciones en que se encuentra el sector de la dependencia.
Las principales empresas del sector, así como sus empleados, llevan años quejándose de la dificultad que tienen para prestar servicios de calidad en las condiciones económicas y de financiación actuales. Los primeros se quejan de los bajos precios que pagan las Administraciones por los servicios concertados, mientras que los trabajadores se quejan de los bajos salarios y las largas jornadas laborales a las que tienen que hacer frente por falta de personal. Según destaca ‘El País’, los gerocultores ganan por convenio 997 euros brutos mensuales. Las luchas por la subida salarial han sido la causa de la ruptura de las negociaciones del VIII Convenio de la Dependencia.
Sin embargo, si algo está poniendo de manifiesto esta crisis sanitaria es la carencia de medios en las residencias y centros de mayores para atender a los usuarios y prevenir contagios. Según denuncia Comisiones Obreras (CCOO), “se están incumpliendo de forma flagrante las normas de protección recogidas en los protocolos estipulados tanto para residencias de personas mayores, como para el servicio de ayuda a domicilio, poniéndose en serio riesgo la salud del personal y de las personas usuarias, contribuyendo a la propagación descontrolada del virus”.
La carencia generalizada de equipos de protección personal debido a la saturación del sistema sanitario está provocando que muchos profesionales del sector estén expuestos a contagiarse. “Vamos a pecho descubierto, con guantes, pero sin mascarillas ni batas desechables”, ha denunciado al diario ‘El País’ Concha Real, de la Plataforma Unitaria de Auxiliares a Domicilio.
El hecho de que muchos técnicos de asistencia a domicilio sean freelance provoca que el equipamiento tengan que costeárselo ellos mismos, lo que pone en riesgo a los propios usuarios si estos profesionales trabajan para varias personas. Pero la situación no es mucho mejor en las residencias, donde existe “desabastecimiento generalizado” de material, como denuncia Andrés Rodríguez, presidente de Macrosad.
Muchos profesionales han sido contagiados o expuestos a un riesgo de contagio que los obliga a mantenerse en cuarentena, lo que ha mermado las plantillas de las residencias y centros de mayores y ha dejado a muchos usuarios sin acceso a la atención domiciliaria. “Es absolutamente reprobable que no se estén tomando las medidas necesarias para garantizar la salud del personal con equipos de protección adecuados”, denuncia Comisiones Obreras, que “exige a las Administraciones Públicas y empresas del sector que de forma urgente proporcionen el material necesario”.
Las compañías del sector, a nivel individual o a través de patronales y asociaciones, llevan días reclamando medidas de apoyo y equipamiento para poder lidiar con una crisis que a todos ha cogido por sorpresa. También exigen que los profesionales sociosanitarios sean reconocidos como Nivel 1, lo que permitiría equipararlos al personal sanitario como ‘prioritarios’ a la hora de realizarse los tests de detección del coronavirus.
En cualquier caso, esta grave crisis sanitaria, con trágicas consecuencias, puede marcar un punto de inflexión para un sector esencial en la sociedad española dada su configuración demográfica, pero que ha sido constantemente relegada y obviado, generando problemas internos que han terminado saliendo a la luz tras años de tensión.