Clece reclama los gastos que le ha ocasionado el coronavirus. La filial de ACS dedicada a la gestión de residencias de mayores habría incurrido en alrededor de 7,2 millones de euros de gastos “sobrevenidos e imprevisibles”, por lo que reclama a las Autoridades adjudicatarias el reequilibrio de los contratos vigentes.
Según adelantó ‘El Confidencial’, Clece desglosa los gastos extraordinarios en las nuevas contrataciones para reforzar las plantillas o sustituir a empleados de baja y a la compra de materiales y equipos de protección para los trabajadores. Además, habrían adecuado sus infraestructuras para mejorar la calidad del aire o implementar nuevas tecnologías. Y han redoblado esfuerzos en materia de higiene y desinfección de los centros utilizando desde cañones de ozono, hasta robots con luz ultravioleta.
Por todo ello, y según ‘El Confidencial’, Clece ha pedido a los propietarios de los centros que revisen los contratos en vigor, dado que, aseguran, también han perdido usuarios debido a los fallecimientos, algo que impacta en sus ingresos. La compañía gestiona más de 30 residencias de mayores en España.
El diario digital explica que algunas Administraciones ya han valorado la petición de Clece y que parecen inclinarse por una negativa a las pretensiones de la compañía, dado que los sobrecostes deberían justificarse de forma muy precisa. De hecho, algunos adjudicatarios sostienen que Clece gestiona estos centros en régimen de concesión, lo que implica que asumen el riesgo derivado de su explotación.
Además, aseguran que Clece pertenece al Grupo ACS, que en mayo contaba con unos 12.000 millones de euros de liquidez para afrontar la crisis derivada del coronavirus. La compañía obtuvo beneficios de 962 millones de euros en 2019 y llevaba 282 millones ganados en los tres primeros meses de 2020.
No obstante, es cierto que el sector residencial espera ver perjudicadas sus cifras en 2020. Algunas de las principales firmas, por ejemplo las aglutinadas en AESTE (DomusVi, Orpea, Sanitas Mayores, Eulen, Ballesol o Valdeluz) han pedido medidas concretas para reducir el impacto de la crisis sanitaria en el negocio del sector residencial, que además se ha visto perjudicado en su imagen pública cuando se ha puesto en duda su profesionalidad. Pero todavía no hay movimientos concretos que procuren algún tipo de solución a una situación que se antoja complicada para un sector esencial para la economía y, sobre todo, la sociedad del país.