¿Se acerca una subida de precios en residencias de mayores? El coronavirus podría obligar a las empresas del sector a incrementar los precios de sus instalaciones para hacer frente a una posible segunda oleada de contagios, según han reclamado varias asociaciones del sector residencial.
Una de ellas es Acra, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, que considera que “el otoño y el invierno pueden ser muy complicados si no nos preparamos debidamente”. Algo que los centros han hecho a marchas forzadas incluso durante el Estado de Alarma, principalmente porque en aquellos momentos su situación era crítica.
Ahora, con algo más de calma, pero con temor a los rebrotes que se están produciendo, Acra pide incrementar los precios de las plazas públicas en residencias de mayores para poder armarse ante una segunda oleada de contagios. “Debemos prepararnos con equipos de protección individual, zonas de aislamiento, derivaciones según la presión asistencial y formación específica a los empleados”, explican.
En similares términos se ha expresado el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), que pide al Estado cumplir con su 50 % de financiación que marca la Ley de Dependencia, así como garantizar la asistencia sanitaria en residencias de mayores con derivaciones hospitalarias si es preciso.
CEAPs también aboga por incrementar los precios públicos hasta alinearlos con los privados, dado que los gastos que genera la prevención del coronavirus, unido al necesario refuerzo de las plantillas, sitúa en una difícil posición a las empresas del sector.
Según cálculos de CEAPs, el precio de una residencia de mayores privada es de 1.955 euros mensuales de media, 105 euros más caro que una plaza pública en un centro privado. Pero el coste de una plaza en una residencia de mayores puede variar en hasta un 40 % en función de la comunidad autónoma de que se hable.
De hecho, en País Vasco una plaza supera los 2.200 euros al mes, mientras que en Castilla-La Mancha se queda en poco más de 1.200 euros. Importes, en todo caso, insuficientes para sufragar un gasto extraordinario e imprevisto, pero imprescindible para garantizar la seguridad de las personas que más han sufrido el ataque del virus.