Lares y Cepes piden regular la participación de fondos de inversión en los servicios sociales. A través de un comunicado conjunto, Lares y Cepes, que engloban más de 43.000 empresas y entidades de la llamada Economía Social, piden al Gobierno una regulación que permita sortear algunos de los, a su juicio, riesgos que supone la participación de estos fondos en asuntos tan sensibles como las pensiones.
“La posible quiebra es una realidad”, aseguran, ya que “las pensiones o ahorros acumulados durante muchos años por personas de alta edad, quedan sujetos a los vaivenes estratégicos y macroeconómicos de los fondos de inversión”, explican en el comunicado. Y añaden que “en caso de problemas, los Estados deberán rescatar esa atención residencial, con cargo a los Presupuestos Generales”.
En su comunicado, Lares y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) también destacan el papel del Tercer Sector en la atención a las personas mayores o en situación de dependencia. “Las entidades sin ánimo de lucro y de Economía Social representadas por nuestras asociaciones dan respuesta a las necesidades de servicios sociales que no pueden atender las propias Administraciones”, destacan.
Y ponen cifras a esta participación: 228 millones de euros al año que ahorran a las distintas Administraciones. Pero también reclaman un fondo de emergencia que asegure la viabilidad de las entidades no lucrativas que prestan servicios al sector, ya que entre el 20 y el 60 % de la oferta de servicios residenciales, no residenciales y de atención a enfermedades mentales recae sobre estas entidades.
“Reclamamos al Gobierno de España que el modelo futuro de atención pase, para su éxito, por una colaboración público-privada con la Economía Social”, así como “preferencia en la atención de las entidades que cuentan con ese marcado carácter social en su origen y funcionamiento”.
Por último, el comunicado de estas entidades reclama “contribuir al diagnóstico y soluciones para la Reconstrucción Económica y Social del país”, por lo que solicitan participar en las distintas Comisiones y Grupos de Trabajo creados por el Gobierno y las Comunidades Autónomas para este fin.