La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) considera “insuficiente” el presupuesto de 600 millones de euros que el Gobierno ha aprobado para reforzar el sistema de atención a la dependencia.
A través de un comunicado, valora “como acertados” los objetivos de la propuesta, que contemplan mejorar la gestión, reducir la lista de espera, priorizar la atención domiciliaria y mejorar la atención de servicios frente a prestaciones económicas. Pero considera insuficiente la dotación económica, así como que no se concrete “cómo resolver la lista de espera actual de más de 270.000 personas, más otras 180.000 pendientes de resolución”.
Según destaca la FED, “además de las carencias del servicio desde el punto de vista cuantitativo, se hace asimismo necesario abordar el componente cualitativo para dar respuesta eficaz a las necesidades de los usuarios, a las expectativas de unos empleados considerados esenciales y a las exigencias que impone un contexto excepcional como el generado por la COVID-19”.
“En este sentido”, añade, “contemplar este componente cualitativo pasa inexorablemente por establecer unos precios/hora actualizados a tales perspectivas”, algo que “el SAD no es capaz de solucionar” si los dependientes necesitan una residencia de mayores.
No obstante, la Federación Empresarial de la Dependencia sí valora de forma positiva que el Gobierno no promueva un cambio de modelo en el sector residencial, priorizando la asistencia sanitaria. “Si de verdad nos creemos que estamos en un modelo centrado en la persona, no podemos ni debemos priorizar ningún servicio, sino estudiar cada caso y ajustar el recurso a las necesidades”, destaca Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED.
Fernández-Cid también ha subrayado la necesidad de incrementar tanto el número de plazas residenciales disponibles, como el presupuesto para activarlas. “Hoy en día no tenemos camas para ellos y están en lista de espera no por lentitud en los trámites, sino por falta de camas o por falta de presupuesto”, ha apuntado.
Dese la FED se ha hecho hincapié en la voluntad del sector privado de invertir casi 5.000 millones de euros para crear 80.000 nuevas plazas. Una inversión que no tendría coste para la Administración, crearía 40.000 puestos de trabajo directos y permitiría cubrir la ratio del 5 % de plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).