El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) critica el cambio que supone la llamada ‘Ley Celaá’ para los colegios y centros de Educación Especial.
Desde el CEDDD lamentan que “el Gobierno, mediante la aprobación de la Ley, ha ignorado completamente la oposición frontal de la sociedad a esta reforma”. El PSOE y Unidas Podemos han aprobado por la mínima en el Congreso la nueva Ley de Educación, conocida como ‘Ley Celaá’ en referencia a la ministra Isabel Celaá.
En el nuevo texto normativo no se ha incluido la enmienda que pidió el CEDDD sobre la Disposición Adicional 4ª, que convierte a los colegios de Educación Especial en “centros de recursos de apoyo a la educación ordinaria sin dotar en la memoria económica de dicha Ley”, explican fuentes del CEDDD. “La aplicación de esta Ley supondrá el vaciado y consecuente cierre de todos los colegios de Educación Especial”, aseguran.
El PP, Ciudadanos y Vox coinciden en que la nueva normativa pone en riesgo la viabilidad de estos centros, que pasarán a desempeñar funciones de centro de referencia y apoyo a los centros ordinarios, aunque también servirán para escolarizar a alumnos que necesiten una atención muy especializada, aunque los padres perderán poder de decisión en algunos casos.
Según explica ‘El País’, la nueva ley “sienta las bases para una progresiva transición desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial […] a otro que integre más ambas”. El diario calcula en 35.000 los alumnos que acuden a escuelas de Educación Especial, que progresivamente, y durante diez años, deberán entrar en el circuito ordinario, cuyos centros deberán contar con los recursos necesarios para atenderlos en condiciones y según sus necesidades particulares.
En este sentido, desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia sostienen que “los centros de Educación Especial son el mejor recurso para alumnos y alumnas con determinadas discapacidades, donde reciben los apoyos pedagógicos necesarios para una vida en comunidad”. Y puntualizan que “no segregan”, una de las claves de la ley, que retira financiación pública a aquellos centros que segregan a los alumnos por sexo.
De hecho, la parte más polémica de esta nueva ley es la que afecta directamente a la escuela concertada, que no podrá cobrar cuotas a las familias. Además, se modifican los criterios para la adjudicación de las plazas en colegios concertados, ganando mayor peso la cercanía al domicilio del alumno. Los críticos de la nueva ley aseguran que este cambio restringe la libertad de elección del centro incluso en la escuela pública, que además arrincona a la concertada hasta convertirla en un recurso que deja de ser complementario y pasa a ser alternativo.
“CEDDD seguirá defendiendo una sociedad basada en valores democráticos, en el consenso, en la participación abierta, en la búsqueda de soluciones, en diversidad. Y sin olvidar nunca como está sucediendo ahora, la libertad de elección y los apoyos que necesitan los niños y niñas con discapacidad”, destacan en un comunicado muy crítico con esta nueva medida.