La tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus ya es una realidad. El Gobierno ha dado luz verde al tercer pinchazo, aunque solo para alrededor de 100.000 personas inmunodeprimidas. Se trata de ciudadanos que han recibido un trasplante o tienen comprometido su sistema inmunitario por enfermedades o condiciones particulares.
El anuncio de esta tercera dosis, que en países como Israel se aplica a la población general, ha sido recibido en el sector de atención a la dependencia con sensación agridulce. Recordemos que el sector reclama desde que comenzara a hablarse de la posibilidad de inyectar un tercer pinchazo que estos lleguen, sobre todo, a personas mayores que viven en residencias.
Desde CEAPs se ha reclamado que esta tercera dosis también llegue a las residencias, donde se sospecha que el tiempo transcurrido desde que completaron la doble pauta (algo más de seis meses, en algunos casos), unido a las condiciones de salud de muchos usuarios, ha provocado una reducción de la inmunidad que podría traducirse en una menor protección de los mayores. De hecho, la llamada ‘quinta ola’ ha vuelto a poner en jaque a las residencias de mayores, algunas de las cuales han sufrido importantes brotes de contagios que se han traducido en fallecimientos.
Sin embargo, las Autoridades Sanitarias no consideran que por ahora sea necesario inyectar esta tercera dosis a la población general, lo cual incluye, en este caso, a los mayores. Un parecer que comparten por ahora las Autoridades europeas, que a través de la Agencia Europea del Medicamento todavía no se han pronunciado a favor de una tercera dosis generalizada. Pero el sector no reclama el pinchazo para todos, sino únicamente para las personas mayores independientemente de que cumplan o no las condiciones admitidas por el Gobierno (inmunosupresión o padecer enfermedades oncológicas activas, entre otros).
Las principales asociaciones, empresas y patronles del sector de atención a la dependencia esgrimen que las Autoridades europeas sí han valorado inyectar la tercera dosis como medida preventiva mientras se recaban más datos sobre su necesidad. Y es que se ha demostrado que la tercera dosis no supone un peligro para nadie: lo que se está analizando ahora es si se trata de una necesidad real. El sector apuesta actuar de forma preventiva: sea o no necesaria, hasta poder saberlo, es mejor ponerla.
Cinta Pascual, presidenta de CEAPs, ha reconocido que “las personas no vacunadas son un riesgo en las residencias”, en clara alusión a los trabajadores de centros residenciales y sociosanitarios que han rechazado ponerse la vacuna.
Si bien son una minoría apenas cuantificada, suponen un problema sanitario real que países como Francia han tenido que atajar por la vía drástica: serán suspendidos de empleo y sueldo si no se vacunan este mismo mes de septiembre. CEAPs reclama que en España se tome una medida similar y la vacunación en centros residenciales para mayores sea obligatoria, como forma de garantizar, en la medida de lo posible, que el virus se queda a las puertas de las residencias.
No es momento para negacionistas: hay cuatro millones de muertos encima de la mesa, más de 85.000 de ellos en España.