Lares Navarra ha pedido a las Instituciones Forales el compromiso de defender a las residencias y centros de mayores sin ánimo de lucro que operan en la región.
La entidad, que agrupa a 40 centros de estas características en Navarra, ha destacado su “papel de servicio público” y ha pedido que se proteja especialmente a estas residencias. En parte porque, aseguran, 7 de cada 10 son económicamente deficitarias, por no funcionar bajo un modelo mercantilista.
Desde Lares Navarra se ha destacado que esta cifra de pérdidas ha superado los 3,5 millones de euros, por lo que la reclamación de mayor compromiso por parte de las Administraciones autonómicas está justificada. Máxime cuando muchos de estos centros se ubican en zonas rurales, donde “juegan un papel especialmente clave en un entorno con un alto grado de envejecimiento de la población y donde las pensiones son bajas”, explican.
“La situación es realmente compleja para las entidades que trabajamos en el sector no lucrativo. A los resultados negativos generados este pasado año se suman las pérdidas que ya tuvimos en 2020. Son ya dos años llenos de dificultades, llenos de exigencias, y no sabemos cómo vamos a poder afrontar este 2022 si no se toman medidas que den soporte a las residencias”, subrayó hace unos días Eduardo Mateo, presidente de Lares Navarra.
Mateo hizo hincapié en que los centros a los que representan no tienen ánimo de lucro, por lo que llamó a la sociedad a no etiquetarlos como “fondos buitre” cuando ni siquiera generan beneficios, ni lo buscan. “Estamos donde nadie más quiere estar. El principal beneficio que aportamos es el social, implantando sistemas de cuidados centrados en la persona residente, generando empleo en zonas rurales y dando cobertura a la población más vulnerable con menor poder adquisitivo”, explicó.
La movilización de Lares Navarra es reflejo de lo heterogéneo que es el sector residencial, donde conviven modelos sin ánimo de lucro con empresas que necesitan generar beneficios para su sostenimiento. Ambos son igualmente válidos, ya que el objetivo final es que el usuario esté cuidado y protegido, mejorando su calidad de vida gracias a profesionales cuyo sustento no importa si procede del pago de cuotas, subvenciones o donaciones: el objetivo es el mismo.