En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebró este 7 de abril, la PMP pide hacer frente con urgencia a las fuertes carencias en la atención primaria en el sistema de salud y en la coordinación de los sistemas de salud y de servicios sociales.
Asimismo, la plataforma también quiere reconocer la labor del profesional sanitario y llamar la atención sobre la mala situación laboral del mismo. Destaca la falta de personal en la sanidad pública, especialmente, en la atención primaria, las bajas retribuciones, o las precarias condiciones de los contratos de trabajo, ya que en algunas Comunidades Autónomas la mitad del personal es eventual o interino, entre otros aspectos.
“Si la salud es lo que más valoramos los ciudadanos, y las personas mayores en especial, también se debería valorar más a los profesionales que nos la prestan”, asevera el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo.
En este sentido, demanda estabilizar las condiciones laborales de estos profesionales tanto en atención primaria como en los hospitales, ya que es necesario contar con ellos para cubrir la atención primaria y las necesidades hospitalarias, que se están viendo colapsadas. Una saturación que impide atender de una manera eficiente a todas las personas, y, en especial, a las personas mayores y personas con discapacidad mayores.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 sigue generando una gran presión asistencial en las consultas de atención primaria, lo que provoca que siga habiendo un gran impacto en las personas mayores con enfermedades crónicas, afectando de manera negativa a sus patologías. Pero, para la PMP, la pandemia no puede servir de excusa para esta situación y, por ello, reclama con urgencia priorizar la atención personalizada y mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios para darles una adecuada y digna asistencia.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) es el movimiento más representativo a nivel estatal, con 15.079 asociaciones y más de 5.500.000 afiliados, para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad.