Álvarez ha repasado en su intervención en el pleno las políticas de la consejería en los diferentes sectores sobre los que tiene competencias. Así, en el ámbito de la atención a la infancia, ha destacado dos hitos de gestión relacionados con la aplicación de la Ley de Acción Concertada: la reorganización de los centros de infancia y el reconocimiento del derecho de menores y adolescentes en acogimiento familiar a percibir una prestación igual al módulo del salario social básico, una cuantía que se incrementa un 5% en caso de discapacidad.
Del mismo modo, ha recordado que el área de infancia gestiona también las subvenciones que reciben las familias acogedoras, cuyo importe se ha incrementado hasta los 700 euros, y a las que este año se suman las ayudas directas a la natalidad, que se prevé soliciten unas 4.000 familias.
La titular de Derechos Sociales ha valorado, asimismo, el esfuerzo que realiza la Dirección General de Mayores y Discapacidad del Principado de Asturias, responsable, entre otros cometidos, de la gestión de 4.500 plazas en residencias, centros de día y centros de apoyo a la integración, así como de la relación con 114 unidades de trabajo social de las entidades sociales a través de los equipos territoriales. A estas tareas se ha sumado este año la tramitación de los 30.000 expedientes del bono social térmico y de 780 proyectos de organizaciones sociales por importe de 10,5 millones.
Respecto a las políticas de vivienda, la consejera ha citado como ejemplos de gestión la puesta en marcha de contrato-programa con Vipasa y el nuevo acuerdo marco que rige las contrataciones de la empresa, dos medidas enmarcadas en el protocolo para fortalecer el bienestar de las personas que residen en los cerca de 10.000 pisos públicos del Principado.
Además, ha incidido en el positivo impacto de las políticas habitacionales en la lucha contra la despoblación. En este sentido, ha recordado las actuaciones llevadas a cabo en 19 concejos rurales en el marco del Programa de Áreas de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU) del Plan Estatal de Vivienda, con una inversión de 8,2 millones, que permitirá actuar en más de 330 inmuebles.