La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha propuesto hoy en la Junta General un gran pacto social de amplio alcance que blinde los cuidados a las personas mayores en Asturias mediante modelos de servicios de calidad claramente definidos y con una financiación suficiente, de modo que garanticen un vida digna y una sociedad más justa e integrada.
Durante su comparecencia en la Junta General para explicar el programa de su departamento, Álvarez ha realizado un llamamiento al consenso “a todos grupos políticos y a los agentes sociales implicados que estén dispuestos a hacer de la atención a las personas mayores la punta de lanza de la acción del Gobierno ante el reto demográfico”.
Un acuerdo que, según ha explicado la consejera, “tiene que anticipar y garantizar la adecuada respuesta a las nuevas expectativas que supone el envejecimiento de la población, teniendo en cuenta que el 80% quiere hacerse mayor en sus casas”. A su juicio, el pacto “debería trascender la legislatura, porque la dignidad de las personas y su vida autónoma van más allá de los próximos cuatro años”.
Además, ha indicado que la concertación social y económica debe contar con una mesa específica, atendiendo a la vertiente de colaboración público-privada que sustenta parte de la respuesta al reto del envejecimiento en el sistema asturiano de servicios sociales.
El planteamiento del que parte la consejería para articular el pacto se concreta en cinco puntos clave: garantía del reconocimiento de derechos, gestión de solicitudes, garantía del acceso a recursos y servicios, planificación de su adecuada provisión en el territorio, evaluación de la calidad del modelo y respaldo a las empresas del sector.
La titular de Derechos Sociales ha vinculado la necesidad del pacto al desafío demográfico. Así, ha apuntado que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que Asturias tendrá 305.000 personas mayores de 65 años en 2030, un 10% más que ahora. Estas previsiones se traducirán en un incremento relevante de la presión sobre el sistema de dependencia, de modo que la consejería estima que unas 44.500 personas tengan reconocido el derecho a percibir ayudas a finales de esta década, el 15% de los mayores.
“Teniendo en cuenta que la inversión media actual por persona atendida ronda los 9.000 euros al año, nos habremos situado para entonces en un presupuesto asociado al sistema para la autonomía de más de 400 millones, un 40% más que en la actualidad”, ha apostillado la consejera.
En su intervención, Álvarez ha señalado que “ya está sobre la mesa” la transformación del modelo de gestión del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), que se producirá a lo largo de 2024. “El nuevo modelo implicará un cambio organizativo, principalmente en los servicios centrales, y conllevará una tramitación contable más ágil, lo que se traduce en poner la gestión al servicio de las personas”, ha añadido. El cambio, según ha explicado, tendrá un impacto positivo para las personas residentes y sus familias, así como para la plantilla de profesionales que trabajan en los centros y las empresas que gestionan plazas concertadas.
Respecto a las políticas de inclusión social, la consejera ha indicado que en estos cuatro años se trabajará, entre otros aspectos, en consolidar el desarrollo normativo, la mejora cualitativa en la gestión del Sistema Asturiano de Garantía y las medidas puestas en marcha desde 2020 con la firma del convenio entre Derechos Sociales y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). En este sentido, ha indicado que los diferentes programas pilotos desarrollados han tenido resultados “más que satisfactorios”, puesto que han permitido a 2.635 unidades de convivencia, un 12% del total, dejar de percibir rentas mínimas al haber encontrado empleo”.
La hoja ruta en materia de discapacidad tiene cuatro ejes fundamentales que darán forma a la agenda asturiana para la atención integral a estas personas en el período 2024-2030: atención infantil temprana, accesibilidad universal, empleabilidad, y vida autónoma y atención al envejecimiento.
En el ámbito de la atención a las familias y a la infancia que, según ha afirmado la consejera, tiene una función clave a la hora de afrontar el reto demográfico, se diseñarán políticas de apoyo siguiendo tres líneas estratégicas orientadas a reforzar un modelo de atención integral: prestaciones económicas, servicios de apoyo y acompañamiento en la crianza, y tiempo para la vida familiar.
La consejería impulsará en esta legislatura el VI Plan Director de la Cooperación al Desarrollo y las cuatro estrategias sectoriales aprobadas este año con el consenso del sector. “Estos instrumentos nos permitirán reforzar las singularidades de la cooperación asturiana en materia de género, derechos humanos, pueblos indígenas y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global”, ha subrayado Álvarez.
El programa de gobierno que desplegará Derechos Sociales fortalecerá la coordinación con otros sistemas, incorporará la transformación digital y la innovación social al diseño de políticas públicas e implantará nuevos sistemas de gestión que permitan reducir la burocracia.
Además, a lo largo del mandato se apuntalarán los avances en cuatro proyectos normativos: Ley de Servicios Sociales, Ley de Infancia y Adolescencia, Ley de Cooperación al Desarrollo y Ley del Tercer Sector.