alianzAS quiere mostrar su preocupación ante la medida anunciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de fijar una reducción de la jornada laboral, sin merma salarial, a 37,5 horas a la semana ya que, en caso de llevarse a cabo, dicha medida vendría a sumarse a otras dificultades coyunturales y estructurales, que podrían desembocar en una situación crítica para varios sectores de servicios esenciales, estratégicos para nuestro país.
Cualquier medida de esta índole debe conllevar necesariamente una transitoriedad y una desvinculación absoluta de los contratos públicos ya existentes que, debido a las limitaciones legales, no tienen capacidad alguna de ser revisados ni modificados en tanto estos contratos no sean licitados e incorporados en sus estudios estas nuevas condiciones.
El efecto económico supondría un incremento de costes en torno al 4,25% –aproximadamente 1.270 millones de euros-, cantidad que resulta inasumible en sectores intensivos en personas trabajadoras que prestan servicios indirectos a las Administraciones Públicas. Al efecto económico se suman los problemas organizativos y estructurales que dimanan de las propias obligaciones contractuales de los contratos en vigor, que exigen una dedicación de las personas trabajadoras superior a la jornada que quiere imponerse. Adicionalmente, sería necesario una búsqueda de nuevas personas trabajadoras para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas, acción tremendamente complicada en ciertos sectores dada la escasez de personal.
alianzAS reclama al Gobierno un ejercicio de corresponsabilidad, en el que renuncie a implantar unilateralmente dicha medida y en el que, en la hipótesis de llevar a cabo la misma, permita expresamente una revisión de los precios de los contratos en vigor ante esta circunstancia que en ningún caso podría haber sido prevista. Adicionalmente, dicha medida atentaría directamente contra la negociación colectiva que se lleva a cabo con los sindicatos, pues supone alterar de facto los términos de los convenios colectivos en vigor firmados en un ejercicio de responsabilidad por todos los agentes sociales.
Los servicios esenciales representan más de 30.000 millones de euros de facturación y a más de 1.250.000 trabajadores y trabajadoras que desempeñan una labor fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro sistema productivo, pues su trabajo permite que millones ciudadanos y empresas puedan acceder diariamente a unos servicios esenciales de calidad. Se trata, por tanto, de un sector verdaderamente estratégico para nuestro país, tanto por su importancia en términos económicos, como por su papel de motor social y de desarrollo, pues tiene un marcado carácter vertebrador y cohesionador del territorio.
Esta medida supondría un ataque más a su supervivencia, que se une a las ya existentes de imposibilidad de revisión de precios y la obligatoriedad de asumir prórrogas contractuales.