El estudio socioeconómico de la atención residencial para personas en situación de dependencia en España (2024) revela un panorama complejo y desafiante para el sistema sociosanitario español. Con el envejecimiento acelerado de la población y una demanda creciente de servicios, el sistema de atención a la dependencia enfrenta desafíos significativos en cuanto a oferta, financiación y recursos humanos.
A continuación, analizamos las conclusiones clave del estudio, proporcionando una visión integral sobre el estado actual y las perspectivas futuras de la atención a la dependencia en el país.
Uno de los principales puntos del estudio es el crecimiento acelerado de la población mayor en España. Entre 2010 y 2022, la población mayor de 65 años creció a un ritmo anual de 135.124 personas. Sin embargo, se espera que este crecimiento se duplique en los próximos años, alcanzando las 268.106 personas anualmente entre 2023 y 2036. El grupo de personas mayores de 80 años también experimentará un crecimiento similar, con un aumento anual proyectado de 84.265 personas.
Este envejecimiento de la población supone un aumento directo en la demanda de servicios de atención, tanto residencial como domiciliaria, y plantea la urgente necesidad de una mayor inversión en infraestructura y recursos humanos para atender a este segmento vulnerable de la población.
En 2023, se registraron más de 2 millones de solicitudes al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De estas, aproximadamente 1,57 millones de personas tenían derecho a prestación, aunque 155.241 personas se encontraban en lista de espera, lo que representa un 9,9% de los solicitantes. A pesar de la reducción en las listas de espera en los últimos años, el tiempo medio de resolución de las solicitudes sigue siendo alto, con un promedio de 324 días en 2023.
Este incremento en la demanda ha llevado a una mayor presión sobre los servicios de atención, que ya se encuentran en una situación crítica debido a la falta de plazas y profesionales disponibles.
El estudio destaca que la oferta de servicios de atención a la dependencia es insuficiente para satisfacer la demanda actual y futura. En 2023, había un total de 393.581 plazas residenciales y 105.447 plazas diurnas, lo que equivale a una cobertura inferior al promedio internacional. Además, el 73% de estas plazas son de titularidad privada.
En cuanto a la atención domiciliaria, el índice de cobertura ha crecido de manera constante, alcanzando un 5,52% de la población mayor de 65 años. Sin embargo, la disparidad regional sigue siendo notable, con comunidades como Castilla y León y Extremadura con índices de cobertura superiores, mientras que otras regiones, como Canarias y Murcia, están por debajo del promedio nacional.
La financiación del SAAD ha sido otro de los temas críticos del estudio. En 2022, el gasto público destinado a la atención a la dependencia alcanzó los 10.253 millones de euros, de los cuales el 74% fue cubierto por las comunidades autónomas y el 26% por el Estado. A pesar del incremento en la financiación estatal en los últimos años, España sigue estando por debajo de la media de la OCDE en cuanto a gasto en cuidados de larga duración.
Esta falta de financiación limita la capacidad del sistema para expandir su oferta y mejorar la calidad de los servicios. Además, el estudio prevé que será necesario un aumento considerable de la financiación en los próximos años para hacer frente al envejecimiento de la población y a la creciente demanda de servicios.
El déficit de profesionales es uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema de atención a la dependencia en España. Se estima que para 2030 se necesitarán más de 100.000 nuevos profesionales para cubrir la demanda en residencias y atención domiciliaria. Este déficit no solo se debe al envejecimiento de la población, sino también a la necesidad de cumplir con los estándares de calidad que exigen ratios más altos de personal por residente.
El sistema de atención a la dependencia en España se enfrenta a grandes desafíos en los próximos años. El envejecimiento de la población, la insuficiencia de la oferta de servicios, la falta de financiación y el déficit de profesionales son problemas que requieren soluciones inmediatas y a largo plazo.
Para hacer frente a estos desafíos, el estudio propone una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen:
Aumento de la financiación pública: Es crucial incrementar el porcentaje del PIB destinado a cuidados de larga duración para acercarse a los estándares de la OCDE.
Expansión de la oferta de servicios: Se necesita un aumento significativo en el número de plazas residenciales y en los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia para cubrir la demanda creciente.
Formación y contratación de profesionales: Es imprescindible formar y contratar a más de 100.000 nuevos profesionales en los próximos años para cubrir el déficit actual y cumplir con los ratios de calidad.
Reducción de tiempos de espera: Se deben implementar medidas para agilizar los tiempos de resolución de las solicitudes y reducir la lista de espera de personas con derecho a prestación.
| Indicador | Valor 2023 | Observaciones |
|---|---|---|
| Solicitudes al SAAD | 2.061.372 | Un 3,13% más que en 2022 |
| Personas con derecho a prestación | 1.567.107 | Un 75% de las solicitudes |
| Lista de espera | 155.241 | Un 9,9% de los solicitantes |
| Tiempo medio de resolución de solicitudes | 324 días | Reducción de 20 días respecto a 2022 |
| Plazas residenciales | 393.581 | El 73% de titularidad privada |
| Financiación pública del SAAD | 10.253 millones € | 74% por comunidades autónomas, 26% por el Estado |
| Déficit de profesionales | 100.815 necesarios | Proyección para 2030 |
Este análisis proporciona una visión clara de los desafíos a los que se enfrenta España en la atención a la dependencia y las medidas que deben tomarse para mejorar el sistema y garantizar la atención adecuada a la población más vulnerable.