La compraventa de medicamentos y su gestión ha formado parte de las prioridades de la Unión Europea de los últimos 25 años. El último paso para garantizar la trazabilidad de cualquier fármaco que necesite receta entrará en vigor en España el 1 de noviembre y su aplicación supondrá un duro golpe al derecho de acceso a los medicamentos de las personas mayores que viven en los centros residenciales.
En 2019 el Gobierno de España publicó en el BOE la última modificación del Reglamento Europeo (UE) 2016/161 con la que la UE unificaba los procesos de seguridad “para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal”. Con esta norma, la adquisición de un medicamento solo será posible en el momento en el que se produzca el desbloqueo del identificador único de dicho fármaco, anulando así la posibilidad de dispensarlo y entregar posteriormente la receta correspondiente de la Seguridad Social.
Teniendo en cuenta las múltiples particularidades que existen tanto en la adquisición como en el consumo de medicamentos, la UE incluyó en su legislación una serie de entidades e instituciones dentro de la excepcionalidad “para dar cabida a las características específicas de la cadena de suministro de los Estados miembros”. Entre estas excepciones se encuentran, entre otras, las residencias de personas mayores, a los que se les permite, según el artículo 23 de la norma europea “que un mayorista verifique los dispositivos de seguridad y desactive el identificador único de un medicamento antes de suministrarlo”.
Sin embargo, la transposición de la norma en España cambia esta excepcionalidad y, con ella, deja fuera de la flexibilidad farmacológica a los centros residenciales de las personas mayores, lo que afectará, según AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia) “no solo al día a día de las residencias, sino sobre todo al derecho de acceso a la medicación de los residentes”.
La exclusión de los centros residenciales de la excepcionalidad hace que la norma resulte incompatible con el funcionamiento actual de la dispensación de medicamentos. En la actualidad, las farmacias adelantan a las residencias los fármacos necesarios con la receta expedida por el médico del centro para hacer frente a las urgencias (que en una residencia son parte del día a día de los cuidados), y posteriormente el médico del Atención Primaria aporta las recetas correspondientes para que el paciente no tenga que hacer frente al pago del fármaco. Con la entrada en vigor de esta norma, las personas mayores que viven en los centros residenciales solo podrán acceder al momento a la medicación que necesiten con una receta del médico del centro, por lo que tendrán que pagar el coste total del medicamento, sin que haya posibilidad de que sea cubierto por la Seguridad Social a posteriori.
La secretaria general de AESTE, Josune Méndez, ha declarado que esta norma “revela las carencias del sistema”, ya que la nueva Ley “no contempla la incompatibilidad de su aplicación con el modelo que han encontrado las distintas Comunidades Autónomas para hacer frente a las enfermedades agudas y las urgencias que surgen a diario en los centros residenciales”. Aun así, la secretaria general de AESTE es clara y afirma que “la solución a esta situación no puede ser en ningún caso que los residentes paguen los medicamentos, ya que entonces se está vulnerando su derecho al acceso a la medicación”. Y es que, la única manera que tendrán los residentes de acceder a los medicamentos financiados será asistiendo de manera presencial a los centros de Atención Primaria o a las urgencias, lo que, según Méndez “puede suponer el colapso del Sistema Nacional de Salud”.
De hecho, el procedimiento actual tiene como objetivo poder hacer frente a las urgencias en los centros residenciales sin colapsar los centros de Atención Primaria ni los hospitales. Ello permite que se atienda con rapidez a los residentes y, a la vez, su medicación quede cubierta por la Seguridad Social, derecho que les asiste.
Sin embargo, esta norma no contempla que estamos ante un sistema “frágil”, según Méndez y plantea un problema “que no existía en la norma europea”, cuya única solución pasa “por saturar más una Sanidad Pública que ya está al borde del colapso” porque insiste, “que las personas mayores que vienen en residencias, es decir, su casa,
paguen por sus medicamentos, no es una opción que se pueda contemplar”.
Es por ello que, a escasos días de su entrada en vigor, la Asociación lamenta públicamente que “no se haya intentado prevenir esta situación” a pesar de que sea una norma publicada en el BOE hace cinco años. La normativa europea permite un tiempo de planificación a los Estados miembros, que en esta ocasión se extiende, como máximo, hasta el 9 de febrero de 2025.
Sin embargo, la norma española entra en vigor de manera oficial el 1 noviembre de 2024, pero, según informa AESTE, ningún ministerio ha comunicado a las entidades los profundos cambios que conlleva la normativa y de la que “los principales afectados” serán “las personas mayores y su derecho al acceso a la medicación”.
AESTE anuncia que presentará cautelarísimas ante el juzgado para frenar la aplicación de la norma y dar tiempo a las administraciones para que encuentren una solución y evitar así la indefensión de los mayores.