Desde la aprobación de la Ley de la Dependencia en 2006, el sistema ha enfrentado múltiples desafíos. Durante los años 2021, 2023 y 2024, el Gobierno implementó el “Plan de choque”, que supuso un incremento anual de 600 millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas. Este esfuerzo acumuló casi 3.793 millones de euros en financiación estatal, con el objetivo de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, pese a estos compromisos puntuales, la realidad persiste: 270.325 personas se encuentran en listas de espera, y cada 15 minutos fallece alguien en espera de recibir los servicios que la norma promete. Además, el tiempo medio para otorgar una prestación alcanza los 334 días, llegando incluso a superar los dos años en algunas Comunidades Autónomas.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia pretende incorporar nuevos derechos, con la intención de reforzar la atención en los domicilios y ampliar la cobertura de servicios. No obstante, esta actualización normativa se desarrolla en un contexto en el que la financiación estatal se ha congelado, dejando de lado el respaldo económico indispensable para la implementación de dichos derechos.
La reforma introduce cambios que, en muchos casos, ya son realidades asumidas por diversas Comunidades Autónomas. Algunos de estos acuerdos habían sido alcanzados en el Consejo Territorial o incluso formaban parte de compromisos anteriores del Gobierno. Resulta, pues, evidente que se trata de una reorientación que busca dar apariencia de mejora sin abordar el problema de fondo: la falta de recursos. El riesgo es que estos nuevos derechos se conviertan en “papel mojado”, generando falsas expectativas tanto en las personas en situación de dependencia como en sus familiares.
Entre los aspectos más preocupantes de la reforma se encuentra la atención domiciliaria. El real decreto del 18 de julio de 2023 modificó la intensidad de la ayuda a domicilio, pero en la práctica se mantiene una media de 34 horas mensuales para personas con dependencia moderada y apenas 62 horas para los Grandes Dependientes (grado III). Un servicio que, para muchos, resulta insuficiente ante la necesidad de cuidados continuados. Además, se plantea como novedad el reconocimiento del servicio de teleasistencia como un derecho gratuito para todas las personas que viven en sus hogares, a pesar de que, a día de hoy, el 58% de las personas atendidas en domicilio no cuentan con este servicio, situación que se prolonga a pesar de compromisos previos.
La insuficiencia de servicios y prestaciones no solo afecta a quienes requieren cuidados, sino que tiene un profundo impacto en la estructura social y de género. La atención domiciliaria se concentra, en la mayoría, en manos de mujeres. Estudios indican que tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres, situación que limita la posibilidad de conciliación entre la vida laboral y personal, y perpetúa estereotipos de género en el ámbito del cuidado. Con tan solo dos horas diarias de ayuda domiciliaria, resulta inviable que los familiares puedan disfrutar de un tiempo razonable para el descanso o la realización de otras actividades, incrementando la sobrecarga y el estrés.
La efectividad de cualquier reforma en materia de derechos sociales depende ineludiblemente de la memoria presupuestaria que la acompañe. La reforma de la Ley de Dependencia, al no incluir compromisos para incrementar la ya insuficiente financiación, se arriesga a convertirse en un mero ejercicio legislativo sin impacto real. Las normas, por muy avanzadas que sean en papel, pierden su valor y utilidad si no se traducen en recursos y servicios efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.
En un contexto marcado por años de incumplimientos y carencias estructurales, la reforma de la Ley de Dependencia se presenta como una apuesta arriesgada que podría acentuar la crisis del sistema. Sin un incremento en la financiación estatal, los nuevos derechos propuestos correrán el riesgo de quedar en meras declaraciones de intención, generando frustración y agravando la desigualdad de género en el reparto de cuidados. Es imperativo que, junto a cualquier reforma normativa, se asegure la asignación de los recursos necesarios para transformar de manera efectiva el sistema de atención y garantizar que los derechos de las personas en situación de dependencia no se queden solo en papel.
Cuadro comparativo detallado de los cambios que conlleva la reforma de la Ley en relación con su articulado actual.
Informe completo XVIII Aniversario de la Ley de Dependencia 2006-2024
Este análisis invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de acompañar las reformas legislativas con una política presupuestaria real que permita cumplir los derechos fundamentales de quienes requieren cuidados, contribuyendo a un sistema social más justo y equitativo.