El sistema público de pensiones continúa tensionado por el envejecimiento de la población y el aumento del número de pensionistas. Según los datos del Instituto Santalucía, el gasto total previsto para 2025 asciende a 216.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,3% respecto al ejercicio anterior. Este volumen ya supone el 12,9% del PIB, consolidando la tendencia creciente del gasto social estructural.
La mayor parte del aumento proviene de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que tendrá un coste estimado de 6.703,6 millones de euros. El cálculo incluye:
Pensiones contributivas: 5.795,7 millones €
Pensiones no contributivas: 300,1 millones €
Clases pasivas: 607,8 millones €
Indicador | Valor estimado 2025 | Variación anual | Comentario |
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Gasto total en pensiones | 216.000 M€ | +3,3% | Equivale al 12,9% del PIB |
Coste revalorización pensiones | 6.703,6 M€ | — | Basado en IPC real |
Déficit contributivo | 29.856 M€ | +10,9% | Supone el 1,9% del PIB |
Ingresos contributivos sobre PIB | 10,5% | +0,2 p.p. | Por el MEI y aumento de cotizaciones |
El déficit contributivo alcanzará en 2025 los 29.856 millones de euros, un 10,9% más que el año anterior, cuando fue de 26.930 millones. Esto significa que el sistema de pensiones gasta más de lo que ingresa por cotizaciones sociales, con un desfase que equivale al 1,9% del PIB. Este dato refleja la debilidad estructural del sistema contributivo, aún pendiente de reformas estructurales de calado.
Implementado en 2023, el MEI ha elevado los ingresos del sistema al introducir una cotización adicional del 0,6% (incrementada en 2024). Esta medida busca reforzar el Fondo de Reserva, aunque su impacto a corto plazo es limitado.
Durante 2024, las bases medias de cotización crecieron un 7,1%, lo que ayudó a compensar parcialmente el incremento del gasto. Sin embargo, la evolución del gasto sigue superando a la de los ingresos.
El coste por punto de revalorización se sitúa en 2.006,7 millones de euros, una cifra que compromete el margen fiscal a medio plazo.
El informe subraya la urgencia de introducir mecanismos de sostenibilidad a largo plazo. Las actuales medidas permiten mitigar parte del déficit, pero el sistema sigue arrastrando un desequilibrio estructural. Con la jubilación masiva del “baby boom” a la vuelta de la esquina, las presiones financieras sobre la Seguridad Social irán en aumento.