Las actuaciones de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se activaron a raíz de la difusión pública de imágenes que mostraban condiciones inadmisibles: suciedad visible, presencia de alimentos caducados, brotes de sarna y signos físicos de lesiones en residentes. La inspección oficial confirmó el deterioro del mobiliario, cableado expuesto y una atención claramente deficiente, lo que motivó la sanción administrativa y la orden de cierre.
En estos momentos permanecen aún 21 mayores en el centro, de los 34 que llegaron a habitarlo. El cierre será efectivo una vez que se garantice su reubicación. Aquellos sin solución familiar o privada serán derivados a plazas públicas del sistema madrileño de atención social. La prioridad, según fuentes de la Consejería, es asegurar la continuidad asistencial sin generar desamparo.
La medida incluye una multa de 100.000 euros y la imposibilidad legal de operar durante dos años, según recoge la resolución sancionadora. Se trata de una de las sanciones más contundentes aplicadas a un centro privado en los últimos años en la región. La actuación se enmarca dentro del compromiso de “tolerancia cero” ante vulneraciones de derechos en el ámbito residencial.
Aunque por ahora se trata de una resolución administrativa, la gravedad de los hechos podría derivar en procedimientos penales si las lesiones en residentes o la falta de atención médica constituyen delito. Testimonios de familiares y empleados han descrito prácticas reiteradas de desatención, falta de higiene y negligencia médica.
| Categoría | Deficiencia identificada |
|---|---|
| Condiciones higiénicas | Insalubridad generalizada y suciedad persistente |
| Alimentación | Presencia de comida caducada en cocina y despensa |
| Seguridad | Cables eléctricos expuestos y mobiliario deteriorado |
| Salud de los residentes | Brote de sarna, ronchas, moratones y picaduras |
| Atención médica y personal | Posible negligencia continuada y baja dotación asistencial |
El caso ha reabierto el debate sobre la fiscalización de los centros geriátricos privados, que representan cerca del 70 % de las plazas en España. A pesar de la normativa vigente, las inspecciones siguen dependiendo del calendario autonómico y de denuncias externas, lo que pone de relieve la necesidad de un sistema de control más proactivo y constante.
La Consejería ha recalcado que la prioridad absoluta es la protección de las personas mayores. Con esta medida, busca enviar un mensaje claro a todos los operadores del sector: la desatención no tendrá cabida en el sistema de cuidados madrileño, y los incumplimientos normativos serán respondidos con medidas firmes.