El actual sistema de financiación de la dependencia combina aportaciones públicas y contribuciones de las personas beneficiarias. Sin embargo, la ausencia de una regulación homogénea ha generado desigualdades territoriales y casos de inseguridad jurídica que afectan directamente a la calidad de vida de quienes dependen de estos servicios.
El CERMI defiende que el copago sea considerado una tasa, es decir, una aportación regulada, controlada y sujeta a los mismos principios que rigen el sistema tributario. De este modo, se pondría fin a la discrecionalidad actual y se reforzaría la transparencia.
Regular el copago como tasa supondría blindar derechos y obligaciones bajo un marco legal estable. Esto permitiría a las personas usuarias y a sus familias conocer con claridad la cuantía de su aportación y las condiciones de acceso a los servicios.
El objetivo es lograr que el esfuerzo económico sea proporcional a la capacidad de cada persona, evitando cargas excesivas que puedan dejar fuera del sistema a quienes más lo necesitan. Se trata de garantizar el principio de progresividad y justicia social en la financiación.
Actualmente, cada comunidad autónoma aplica criterios distintos en materia de copago, lo que genera un mapa fragmentado de derechos y obligaciones. Esta heterogeneidad alimenta desigualdades entre ciudadanos según su lugar de residencia.
La Ley de Dependencia nació con el compromiso de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas. No obstante, el peso del gasto recae en gran parte sobre estas últimas y, en ocasiones, sobre las familias, lo que ha provocado tensiones presupuestarias y desigual acceso a prestaciones.
| Área clave | Situación actual | Propuesta del CERMI | Impacto esperado |
|---|---|---|---|
| Seguridad jurídica | Falta de regulación clara del copago | Regularlo como tasa pública | Homogeneidad y certidumbre para las personas beneficiarias |
| Equidad territorial | Desigualdades entre comunidades autónomas | Criterios comunes de aplicación | Igualdad en el acceso a los servicios en todo el país |
| Justicia social | Aportaciones desproporcionadas según renta y patrimonio | Progresividad en la contribución | Participación económica ajustada a la capacidad individual |
| Financiación del sistema | Sobrecarga en comunidades autónomas y familias | Mayor implicación del Estado | Sostenibilidad financiera y mejora de la cobertura |
La regulación del copago como tasa podría servir de punto de partida para un debate más amplio sobre la sostenibilidad de la Ley de Dependencia. Requiere la implicación del Estado, comunidades autónomas y entidades sociales en un pacto estable de financiación.
El planteamiento del CERMI refuerza el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. La propuesta pone en el centro a los beneficiarios y evita que el acceso a servicios esenciales dependa únicamente de la capacidad económica.
Una regulación clara del copago puede fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de dependencia. Al establecer normas precisas, se evitan interpretaciones arbitrarias y se consolida la transparencia en la gestión de recursos públicos.
El éxito de esta propuesta dependerá de la voluntad política y de la coordinación interterritorial. Sin un acuerdo amplio, las desigualdades seguirán perpetuándose, poniendo en riesgo el derecho efectivo a la atención de las personas en situación de dependencia.
El llamamiento del CERMI al Gobierno y a las comunidades autónomas para regular el copago en dependencia como tasa pública es un paso clave hacia la justicia social y la seguridad jurídica. Esta propuesta busca eliminar desigualdades territoriales, garantizar la proporcionalidad en las aportaciones y asegurar la sostenibilidad del sistema. Su aprobación requerirá consenso político, voluntad de reforma y un compromiso real con la equidad y la protección de las personas más vulnerables.