El informe señala que el número total de personas en lista de espera alcanza las 284.020. De ellas, una parte significativa está pendiente de valoración inicial y otra parte ya tiene derecho reconocido pero no está recibiendo la prestación asignada. A lo largo del año la lista ha aumentado, rompiendo una tendencia moderada a la estabilización registrada en ejercicios anteriores.
El incremento de solicitudes, unido a limitaciones estructurales en los equipos autonómicos encargados de la valoración y asignación de prestaciones, ha provocado que los tiempos medios de resolución alcancen los 349 días. Esta cifra supera ampliamente el plazo legal de 180 días y confirma que la sobrecarga del sistema se ha intensificado durante 2025.
Uno de los datos más graves del informe es el número de fallecimientos registrados entre personas que se encontraban en lista de espera. Más de 25.000 usuarios han muerto en 2025 sin haber recibido la valoración correspondiente o sin haber podido acceder a la prestación reconocida. Este indicador refleja un déficit asistencial que se ha cronificado y que afecta especialmente a personas mayores y con patologías avanzadas.
La brecha territorial sigue siendo uno de los puntos críticos del Sistema de Atención a la Dependencia. Un alto porcentaje del total de personas en espera se concentra en un número reducido de comunidades autónomas, lo que confirma la falta de homogeneidad en la gestión. Mientras algunas regiones presentan avances significativos en la reducción de tiempos de resolución, otras muestran demoras prolongadas vinculadas a estructuras administrativas insuficientes y alta presión demográfica.
Las diferencias en inversión autonómica, en disponibilidad de profesionales, en implantación de tecnología de gestión y en capacidad de red de servicios derivan en notables variaciones en el acceso real a la dependencia. El Observatorio subraya que esta desigualdad territorial vulnera el principio de equidad en la atención social y dificulta el cumplimiento de la normativa estatal.
El retraso en la valoración o en la implementación de las prestaciones puede agravar situaciones de vulnerabilidad. Entre los efectos más destacados se encuentran la sobrecarga de los cuidadores familiares, el empeoramiento de condiciones clínicas y la pérdida de autonomía. Las demoras prolongadas generan además un incremento en los costes públicos y privados relacionados con la atención tardía.
| Indicador | Valor a 30 sep 2025 | Relevancia |
|---|---|---|
| Personas en lista de espera | 284.020 | Refleja un aumento respecto al inicio del año |
| Tiempo medio de resolución | 349 días | Doble del plazo legal establecido |
| Fallecimientos en lista de espera | Más de 25.000 | Evidencia la gravedad del retraso asistencial |
| Concentración territorial del problema | Alta | Algunas comunidades acumulan la mayoría de expedientes |
El Observatorio identifica varios factores que explican el empeoramiento de la lista de espera. Entre ellos destacan el aumento del envejecimiento poblacional, el incremento de la cronicidad, la insuficiente financiación para atender la demanda creciente y las limitaciones en la capacidad administrativa de las comunidades autónomas. A ello se suma la falta de personal especializado y la lentitud en algunos procesos clave como la valoración y la asignación efectiva de servicios.
El informe concluye que es imprescindible desarrollar una estrategia estatal que permita reforzar los recursos, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la equidad territorial. Se propone incrementar la financiación finalista, reforzar los equipos de valoración, modernizar digitalmente los procedimientos y priorizar la atención de quienes ya tienen derecho reconocido. Sin estos ajustes, el sistema difícilmente podrá reducir su lista de espera ni garantizar un derecho efectivo a la atención.
El Observatorio para la Dependencia confirma que la situación a 30 de septiembre de 2025 es crítica. La lista de espera crece, los tiempos de resolución superan con amplitud los límites legales y miles de personas fallecen sin recibir atención. La desigualdad territorial y la insuficiencia de recursos condicionan gravemente la eficacia del sistema. El informe subraya la urgencia de acometer una reforma integral que permita proteger a las personas dependientes y garantizar la atención como un derecho real y no solo declarado.