El acuerdo marca un punto de inflexión en el mercado laboral de las residencias de mayores en Álava. Por primera vez, el sector contará con un marco provincial que unifica reglas y fija un suelo común de derechos, con impacto directo en la atracción y retención de profesionales sociosanitarios.
La principal novedad es estructural: hasta ahora, la falta de convenio provincial dejaba al sector más expuesto a disparidades entre centros y a una negociación fragmentada. El nuevo marco pretende aportar estabilidad, previsibilidad y capacidad de planificación, especialmente en categorías esenciales como gerocultoras, auxiliares y personal de atención directa.
El texto pactado se plantea con un horizonte de cuatro años, un elemento relevante en un sector donde los cambios organizativos (plantillas, turnos, formación) requieren tiempo para consolidarse sin comprometer la continuidad asistencial.
En términos laborales, el pacto se centra en dos ejes típicos de negociación colectiva en residencias: salarios y jornada, incorporando además medidas organizativas y de mejora del entorno de trabajo.
El acuerdo incluye incrementos salariales acumulados que, según lo trasladado por las informaciones publicadas, buscan situar el salario mensual en torno a 1.500 euros al final del periodo de vigencia para puestos de referencia del cuidado directo. Este punto es central por su efecto sobre la profesionalización: salarios más competitivos suelen correlacionarse con menor rotación y mayor continuidad del cuidado.
En residencias, la calidad no depende solo de protocolos: también de la estabilidad del equipo. Mejorar retribuciones puede traducirse en menos vacantes, menos sobrecarga y más tiempo efectivo de atención.
Otra medida destacada es la reducción de horas de jornada anual a lo largo de la vigencia. En un sector con alta exigencia física y emocional, recortar jornada puede reducir fatiga, bajas y absentismo, además de mejorar la conciliación.
La reducción de jornada obliga a una reorganización responsable: dimensionamiento de plantillas, coberturas y sustituciones. Bien implementada, mejora el clima laboral; mal implementada, puede tensionar equipos.
El acuerdo incorpora aspectos vinculados a descansos, días de libre disposición y elementos de ordenación laboral que, en residencias, impactan directamente en continuidad asistencial, planificación de turnos y prevención del desgaste profesional.
Este convenio tiene efectos que van más allá de una mejora laboral puntual: afecta a la economía del cuidado, a la gestión de centros y a la relación con la financiación pública cuando existe concierto o plaza pública.
Las residencias compiten con otros sectores por personal cualificado. La existencia de un convenio provincial con mejoras concretas contribuye a que el empleo sociosanitario sea percibido como una carrera con recorrido, no como un trabajo de alta rotación y baja estabilidad.
Con un marco claro, las entidades pueden planificar formación, itinerarios profesionales y políticas internas de calidad. Esto es relevante para auditorías, inspección, indicadores de calidad asistencial y satisfacción de familias.
Todo convenio exige una fase crítica: su aterrizaje real en centros. Los riesgos típicos son la aplicación desigual, la tensión por la cobertura de turnos o la falta de coordinación entre mejoras laborales y financiación. La clave es que la mejora de condiciones no se convierta en un ajuste que recaiga sobre la calidad del servicio.
| Eje | Medida | Qué persigue | Por qué importa en residencias |
|---|---|---|---|
| Salarios | Incrementos acumulados 2025-2028 | Hacer el sector más atractivo | Menos rotación, más continuidad del cuidado |
| Jornada | Reducción de horas anuales | Reducir carga y fatiga | Mejora del clima laboral y prevención de burnout |
| Descansos/turnos | Ajustes organizativos y descansos | Ordenar la turnicidad | Más estabilidad en equipos y planificación asistencial |
| Marco provincial | Primer convenio sectorial en Álava | Unificar reglas y derechos | Menos desigualdad entre centros y más seguridad jurídica |
El primer convenio provincial para residencias privadas y viviendas comunitarias en supone un hito laboral con impacto directo en la economía del cuidado. Tras seis años de conflicto, el acuerdo introduce subidas salariales, reducción de jornada y un marco común que puede mejorar la estabilidad de las plantillas. El reto inmediato será su implementación: trasladar el papel a la práctica sin deteriorar la continuidad asistencial. Si se ejecuta con rigor, el convenio puede convertirse en una palanca real para dignificar el empleo y, con ello, reforzar la calidad de vida de las personas mayores atendidas.