CEPES reafirma que la Ley Integral de Economía Social no amenaza el empleo de personas con discapacidad. Tras su aprobación en el Congreso, la ley busca definir claramente los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como fundamentales para la inclusión laboral. Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, asegura que esta norma garantiza la seguridad jurídica y promueve la creación de empleo de calidad sin eliminar los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE). La legislación actual ya distingue entre ambos modelos, asegurando que todos continúen operando y accediendo a apoyos públicos. CEPES destaca que la inversión en CEEIS genera beneficios económicos y sociales, alineándose con las políticas europeas sobre empleo inclusivo.
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha reiterado su postura respecto a que la Ley Integral de Economía Social no pone en riesgo el empleo de las personas con discapacidad. Esta afirmación surge tras la reciente aprobación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, que ahora sigue su curso legislativo hacia el Senado.
CEPES enfatiza la importancia de que esta legislación defina claramente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), reconociéndolos como actores clave dentro del ámbito de la economía social. Según Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, es fundamental que la ley brinde seguridad jurídica y valide a aquellas entidades que operan conforme a los principios y valores de la economía social, asegurando así su función en la inclusión social y generación de empleo de calidad.
Desde 2017, el marco legal español ha reconocido la distinción entre los CEEIS y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE). Esta diferenciación se basa en el objetivo económico: mientras que los CEEIE buscan obtener beneficios económicos, los CEEIS están obligados a reinvertir sus ganancias para mejorar las oportunidades laborales para personas con discapacidad.
CEPES sostiene que no es correcto afirmar que la delimitación legal afectará negativamente a los CEEIE ni al empleo existente. Los CEEIE continuarán funcionando normalmente y seguirán teniendo acceso a ayudas públicas para fomentar la contratación de personas con discapacidad, tal como establece la normativa actual.
La organización subraya que esta nueva legislación no excluye ningún modelo empresarial ni destruye puestos de trabajo. Al contrario, busca ordenar jurídicamente las empresas y entidades dentro del sector según sus principios fundamentales. Pedreño señala que la falta de mención específica a los CEEIE en esta ley no implica una amenaza para el empleo, sino más bien un necesario reordenamiento jurídico.
CEPES aboga por no confundir dos modelos empresariales distintos en esta ley y asegura que es vital mantener clara la inclusión de los CEEIS dentro del marco de la economía social, respetando su esencia y propósito social.
En lo referente a la contratación pública, ya existe una regulación bajo la Ley 9/2017, que distingue entre CEEIS y CEEIE. Esta normativa permite reservar contratos para entidades con fines sociales reforzados, como son los CEEIS. Pedreño aclara que esta delimitación no introduce nuevas restricciones; por el contrario, asegura igualdad en las condiciones para todos los participantes en el proceso.
Además, CEPES argumenta que definir claramente los CEEIS no incrementa el gasto público. Según Pedreño, se ha demostrado que invertir en estos centros genera un retorno económico y social significativo al reducir costos asociados y aumentar ingresos.
El desarrollo reciente en políticas europeas respalda esta visión. La Comisión Europea ha reconocido a las empresas dedicadas a la inclusión social como generadoras de empleo de calidad dentro del marco económico europeo. Estas iniciativas priorizan objetivos sociales sobre el lucro, lo cual las diferencia claramente de otras empresas orientadas al beneficio económico.
Cepes considera esencial continuar avanzando en este proyecto legislativo para fortalecer las bases sobre las cuales se construye la economía social en España. La organización confía en que el debate en el Senado permita alcanzar un consenso político más amplio, facilitando mejoras que potencien tanto el impacto social como económico del sector.
Es una norma que busca regular y definir el marco jurídico de la Economía Social en España, incluyendo a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS).
No, según CEPES, la ley no implica la destrucción de empleo ni la exclusión del mercado laboral para las personas con discapacidad. Los CEEIE seguirán operando normalmente y tendrán acceso a mecanismos de apoyo.
Los CEEIS son entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus beneficios en mejorar el acceso al empleo de personas con discapacidad, mientras que los CEEIE operan con ánimo de lucro.
La regulación proporciona seguridad jurídica y reconoce a las entidades que cumplen con los principios de la Economía Social, garantizando su función social e inclusión laboral.
La ley ya establece diferencias entre CEEIS y CEEIE en el ámbito de contratación pública, permitiendo a ambos tipos participar en igualdad de condiciones.
Cepes sostiene que la inversión en estos centros genera un mayor retorno económico y social, contribuyendo a reducir costes sociales y aumentar ingresos.