El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) advierte de que los precios concertados de las plazas de oferta pública en residencias se sitúan, en la mayoría de los casos, por debajo del coste real del servicio.
La organización señala que las tarifas de concierto llevan años sin actualizarse en muchas comunidades autónomas y no reflejan el incremento de costes experimentado por el sector en personal, suministros y exigencias normativas.
Para CEAPs, la situación no es coyuntural sino estructural, y compromete tanto la viabilidad de los centros como la calidad de la atención a las personas mayores.
Las tarifas de concierto se fijan para varios años sin posibilidad de revisión.
En un entorno claramente inflacionista, con incrementos sostenidos en salarios, energía y exigencias normativas, los centros no tienen capacidad para ajustar sus ingresos a la realidad de sus gastos.
"Los precios no evolucionan al ritmo de los costes y los centros no tienen capacidad para ajustarlos. Es un problema de diseño del sistema", señalan desde CEAPs.
CEAPs advierte de que el actual régimen de desindexación de precios en la contratación pública está agravando la situación.
La imposibilidad de actualizar automáticamente las tarifas conforme a la evolución de los costes reales impide reflejar los incrementos sostenidos en un sector intensivo en empleo.
"La desindexación está asfixiando al sector", concluyen desde la organización.
Los datos analizados por CEAPs muestran diferencias significativas entre el precio concertado y el precio privado en distintos territorios.
En Castilla-La Mancha, el precio concertado se sitúa en torno a 1.800 euros mensuales, mientras que el precio medio de una plaza privada alcanza los 2.060,70 euros.
En Extremadura, el precio concertado ronda los 1.710 euros frente a los 1.800 euros de la plaza privada.
En Cataluña, la plaza concertada asciende a 2.342 euros y la privada a 2.500 euros.
Esta dinámica refleja un sistema que por ahora consigue apenas compensar costes actualizando las tarifas de las plazas privadas.
CEAPs advierte de que este mecanismo de compensación tiene un límite y no puede sostenerse indefinidamente.
El análisis pone de manifiesto una fuerte desigualdad territorial en los precios de las plazas residenciales en España.
El precio medio de una plaza privada oscila desde los 1.800 euros en comunidades como Extremadura o Andalucía hasta más de 3.300 euros en el País Vasco.
En Castilla y León, el precio medio se sitúa en torno a los 2.060 euros mensuales, una cifra que, según CEAPs, tampoco refleja el coste real del servicio en muchos casos.
| Comunidad | Precio concertado | Precio privado |
|---|---|---|
| Extremadura | ~1.710 €/mes | ~1.800 €/mes |
| Castilla-La Mancha | ~1.800 €/mes | ~2.060,70 €/mes |
| Castilla y León | Sin dato concertado | ~2.060 €/mes |
| Cataluña | ~2.342 €/mes | ~2.500 €/mes |
| País Vasco | Sin dato concertado | +3.300 €/mes |
CEAPs considera que garantizar la sostenibilidad del sistema pasa necesariamente por una revisión del modelo de financiación.
La organización plantea cuatro medidas concretas: actualizar las tarifas de concierto conforme a los costes reales, establecer mecanismos de revisión periódica, reducir las desigualdades territoriales y asegurar la viabilidad económica de los centros.
Sobre la indexación, la organización considera imprescindible recuperar mecanismos vinculados a los costes efectivos del servicio o, en su defecto, al IPC, que permitan ajustar las tarifas de forma periódica.
En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios, CEAPs considera imprescindible abordar este debate de forma urgente.
"El sistema de cuidados no puede sostenerse indefinidamente sobre un desequilibrio estructural. Ajustar la financiación a la realidad es una condición necesaria para garantizar la atención a las personas", concluyen.
CEAPs denuncia que los precios concertados de las plazas residenciales públicas están por debajo del coste real del servicio en la mayoría de las comunidades autónomas, comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
La desindexación de tarifas y la falta de revisión periódica impiden a los centros adaptar sus ingresos a los incrementos de costes en personal, suministros y exigencias normativas.
Claves del análisis: