El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado un nuevo Protocolo de Accesibilidad Universal para la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de integrar la accesibilidad en la gestión pública. Esta herramienta permitirá a los ministerios autoevaluar su grado de accesibilidad en áreas clave como recursos humanos, entorno físico y atención al ciudadano. La iniciativa forma parte del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal y busca eliminar barreras, garantizando así la inclusión social de las personas con discapacidad. El protocolo ofrece orientaciones prácticas para mejorar la accesibilidad en todos los servicios públicos, beneficiando a diversas personas con necesidades específicas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado un innovador ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)’, una herramienta destinada a integrar la accesibilidad de manera transversal en el funcionamiento diario de los ministerios y organismos públicos. Este protocolo se enmarca dentro del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, cuyo objetivo es garantizar que todos los departamentos asuman e incorporen la accesibilidad tanto en su gestión interna como externa.
La nueva herramienta permitirá a las diferentes unidades de la AGE realizar autoevaluaciones periódicas sobre su grado de accesibilidad. Esto se llevará a cabo mediante un listado de comprobación que abarca seis áreas estratégicas: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía. El propósito es identificar deficiencias y activar mejoras que promuevan una administración pública inclusiva.
La presentación del protocolo tuvo lugar durante una reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, donde participan diversos departamentos ministeriales y el CERMI, que representa a la sociedad civil de las personas con discapacidad y sus familias. Según Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, “este protocolo responde al mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a impulsar políticas que aseguren la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad”.
Martín enfatizó que “ya no hay excusas para no eliminar barreras”, ya que este documento proporciona directrices claras para detectar problemas y abordar mejoras necesarias. Entre otros aspectos, el protocolo examina si los procesos selectivos incluyen adaptaciones para personas con discapacidad y si los sitios web y documentos digitales son accesibles.
Además de facilitar un diagnóstico sobre problemas existentes, el protocolo ofrece orientaciones prácticas y medidas concretas para corregir deficiencias. Cada respuesta negativa o parcial sobre el cumplimiento en materia de accesibilidad debe servir como base para implementar mejoras progresivas en toda la Administración.
Este enfoque integral considera la accesibilidad universal como un beneficio no solo para las personas con discapacidad, sino también para personas mayores, aquellas en situación de dependencia o quienes enfrentan limitaciones temporales. Con esta iniciativa, el Gobierno avanza en el desarrollo del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, posicionando la accesibilidad como un elemento esencial en la calidad de los servicios públicos.
El ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)’ está disponible para consulta aquí.
Es una herramienta diseñada para incorporar la accesibilidad de forma transversal en el funcionamiento diario de los ministerios y organismos públicos, permitiendo que todos los ministerios asuman e incorporen la accesibilidad en su gestión interna y externa.
El objetivo es identificar carencias y activar mejoras pertinentes que abran la administración pública a la diversidad humana, asegurando que todos los procesos y servicios sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad.
Las distintas unidades de la AGE podrán autoevaluar periódicamente su grado de accesibilidad mediante un listado de comprobación que aborda seis grandes ámbitos estratégicos: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía.
El protocolo ofrece orientaciones prácticas y medidas concretas para corregir problemas de accesibilidad, ayudando a elevar progresivamente los niveles de accesibilidad en toda la Administración.
La iniciativa ha sido impulsada por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, con el asesoramiento técnico de Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad, y ha contado con la participación de varios ministerios a través de grupos de trabajo especializados.
El ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)’ se puede consultar en el siguiente enlace: Protocolo de accesibilidad.