La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado nuevos datos sobre la financiación del sistema de dependencia correspondientes al ejercicio 2025, a partir de cifras oficiales aún no publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales. Los datos revelan una inversión pública total de 13.734 millones de euros y una reducción de la financiación acordada para ocho comunidades autónomas en 2026 por no cumplir los objetivos de mejora establecidos por el sistema.
La inversión pública total en atención a la dependencia en 2025 fue de 13.734 millones de euros. Las comunidades autónomas financiaron el 72,6% del total, con 9.976 millones de euros, un 6,5% más que en 2024. La Administración General del Estado aportó el 27,4% restante, con 3.758 millones de euros, un 8% más que el año anterior.
El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.417 euros. De esa cantidad, la AGE aportó 2.306 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.111 euros.
La Administración General del Estado incrementó su gasto en 185 millones de euros respecto al año anterior. Este incremento se debe principalmente al aumento del número de personas atendidas, dado que el sistema tiene un modelo de financiación capitativo, y al aumento de 500 millones derivado de la Ley ELA. El Ministerio no ha publicado cuántas personas con Grado III+ se encuentran actualmente atendidas.
Las comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 son el País Vasco con 3.102 euros, Extremadura con 2.757 euros, Baleares con 2.632 euros y Navarra con 2.578 euros. A la cola se encuentran Galicia con 1.490 euros, Canarias con 1.492 euros y Murcia con 1.751 euros.
La comunidad que destinó mayor cantidad por persona beneficiaria fue el País Vasco con 14.384 euros anuales. Esta cifra duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, Aragón, con 7.159 euros anuales.
Las comunidades que menos porcentaje propio aportaron en dependencia son La Rioja con el 59,8%, Castilla y León con el 63,3%, Andalucía con el 66% y Galicia con el 67,1%. Las que más aportan son el País Vasco con el 85,3%, Navarra con el 81,4% y Baleares con el 81,3%.
En 2026, ocho comunidades verán reducidas las cantidades del nivel acordado para la financiación de la dependencia por no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculados a la financiación acordada. Las comunidades afectadas son Cataluña, Comunitat Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Comunidad de Madrid.
Además del fondo de estructura y de gestión, se computa el fondo de cumplimiento de objetivos, que incluye empleo, reducción de la lista de espera y calidad de los servicios.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Inversión pública total | 13.734 millones de euros |
| Aportación autonómica | 9.976 M€ (72,6%, +6,5% respecto a 2024) |
| Aportación estatal | 3.758 M€ (27,4%, +8% respecto a 2024) |
| Gasto medio por beneficiario | 8.417 €/año |
| Mayor gasto por beneficiario | País Vasco: 14.384 €/año |
| Menor gasto por beneficiario | Aragón: 7.159 €/año |
| Mayor inversión por persona dependiente | País Vasco: 3.102 €/año |
| Menor inversión por persona dependiente | Galicia: 1.490 €/año |
| Comunidades que pierden financiación en 2026 | 8 (Cataluña, C. Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid) |
La brecha entre comunidades en el gasto por beneficiario no es una diferencia menor: el País Vasco invierte el doble que Aragón por persona atendida. Esta desigualdad tiene consecuencias directas sobre la calidad de los servicios, la intensidad de las prestaciones y las condiciones laborales de los profesionales del sector en cada territorio.
La reducción de la financiación acordada para ocho comunidades en 2026 añade presión sobre sistemas ya tensionados. En un contexto de creciente demanda asociada al envejecimiento de la población, la reducción de recursos en comunidades como Cataluña o Madrid, que concentran un alto número de beneficiarios, puede agravar las listas de espera y dificultar el mantenimiento de los estándares asistenciales.
La inversión pública en dependencia alcanzó 13.734 millones de euros en 2025, con las comunidades autónomas financiando el 72,6% y el Estado el 27,4%, pero con diferencias territoriales que duplican el gasto por beneficiario entre la comunidad que más invierte y la que menos. En 2026, ocho comunidades perderán parte de su financiación acordada por no cumplir los objetivos de mejora del sistema. Claves de los datos:
https://directoressociales.com/nuevos-datos-sobre-financiacion-de-la-dependencia-3/