La Federación de Pensionistas de CCOO ha publicado el Observatorio Social de las Personas Mayores 2026. El informe analiza el cambio demográfico, las pensiones, la dependencia y la sanidad pública en España, con foco en los riesgos que afectan a la calidad de vida de las personas mayores.
CCOO alerta sobre la situación de dependencia y la brecha de género en pensiones en España.
El porcentaje de población mayor de 65 años ha aumentado del 17% en 2002 al 20,7% en 2025.
La población mayor de 80 años ha pasado del 3,9% al 6,2% en el mismo período.
Asturias, Castilla y León y Galicia presentan el mayor porcentaje de población mayor.
Melilla, Ceuta e Illes Balears se encuentran a la cola.
La tasa de natalidad ha caído de forma continua hasta alcanzar mínimos históricos en 2024.
La pirámide poblacional española presenta ya una forma regresiva, con una base estrecha y un ensanchamiento en las edades medias.
Esto anticipa un aumento masivo de la demanda de servicios para personas mayores en las próximas dos décadas.
El sistema protege a 9,9 millones de personas pensionistas.
De ellas, 9,4 millones tienen pensiones contributivas y cerca de 0,5 millones no contributivas.
La partida destinada a pensiones representó el 13,7% del PIB en 2025.
La brecha de género en las pensiones en vigor es del 30,7%, con una diferencia de 499,63 euros mensuales entre hombres y mujeres.
En las nuevas altas, la brecha se reduce al 20,7%, gracias a carreras de cotización femeninas más prolongadas.
En las pensiones de jubilación, la brecha en vigor alcanza el 29,66% y se reduce al 17,43% en las nuevas altas.
El 22,3% de las personas pensionistas requieren complementos a mínimos.
Esta cifra llega al 30,5% entre las mujeres, frente al 14,3% en los hombres.
La garantía de suficiencia de las pensiones mínimas, vinculada al umbral de riesgo de pobreza desde 2023, explica el incremento sostenido de estas cuantías.
Desde su creación, más de 3 millones de personas han sido beneficiarias del SAAD.
Actualmente el sistema atiende a 1,7 millones de personas con una prestación efectiva.
El Plan de Choque 2021-2025 ha permitido incrementar un 50% el número de personas con prestación efectiva y reducir la lista de espera a la mitad.
A pesar de los avances, más de 232.000 personas seguían en lista de espera en marzo de 2026.
La media de tiempo de gestión del SAAD es de 329 días, casi 11 meses.
Esto supera ampliamente el plazo legal máximo de 180 días.
Murcia, con 553 días, y Andalucía, con 464 días, registran los tiempos más elevados.
El 44% de las personas atendidas por el SAAD reciben como prestación principal la Prestación Económica de Cuidado Familiar, pensada legalmente como excepcional.
El 27,7% del total de personas atendidas tienen reconocida exclusivamente esta prestación, sin acceso a servicios profesionales.
En Baleares y la Comunitat Valenciana esta cifra supera el 70%.
Considerando también a quienes asumen un doble copago para acceder a servicios profesionales, el 62,3% del total de personas atendidas por el SAAD se encuentra en infraprotección o sobrecoste.
Esta cifra alcanza el 89% en la Comunitat Valenciana y Canarias.
La priorización de la prestación por cuidado familiar contribuye a perpetuar la división sexual del trabajo de cuidados.
El 72% de las personas cuidadoras familiares son mujeres, y el 7,5% de ellas tiene más de 80 años.
El gasto sanitario público alcanzó los 101.738 millones de euros en 2024.
Cerca del 94% lo gestionan las comunidades autónomas.
El 63,1% del gasto autonómico se destina a servicios hospitalarios y especializados, frente al 13,9% de atención primaria.
Extremadura destina cerca del 9% de su PIB a sanidad.
La Comunidad de Madrid apenas alcanza el 4%.
El gasto por habitante en Madrid es de 1.779 euros, frente a la media estatal de 1.958 euros.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Población mayor de 65 años | 20,7% (frente al 17% en 2002) |
| Personas pensionistas | 9,9 millones |
| Brecha de género en pensiones en vigor | 30,7% |
| Personas en lista de espera de dependencia | 232.000 (marzo 2026) |
| Tiempo medio de gestión SAAD | 329 días (frente a 180 legales) |
| Personas con PECF como única prestación | 27,7% del total atendido |
| Personas en infraprotección o doble copago | 62,3% del total atendido |
| Gasto sanitario público 2024 | 101.738 millones de euros |
La organización plantea elevar la inversión pública en dependencia desde el 0,8% actual del PIB hasta el 1,5-2% en la próxima década.
Entre las medidas propuestas figuran el fin de la lista de espera, la priorización de servicios profesionales, la mejora de las ratios de personal y la transparencia total en el copago que asumen las familias.
Los datos del Observatorio confirman tensiones que los profesionales del sector vienen señalando desde hace años.
Listas de espera persistentes, tiempos de gestión muy superiores al plazo legal y un modelo que prioriza las prestaciones económicas sobre los servicios profesionales de calidad.
Esta dinámica tiene un impacto directo sobre los operadores de servicios profesionales, cuya demanda potencial queda contenida por las decisiones autonómicas de derivar recursos hacia las prestaciones más económicas.
El 72% de las personas cuidadoras familiares son mujeres, muchas de ellas de edad avanzada.
Este dato subraya la necesidad de reforzar los servicios profesionales como vía para aliviar la carga de los cuidados informales y avanzar hacia un modelo más equitativo.
El Observatorio Social de las Personas Mayores 2026 de CCOO confirma el envejecimiento acelerado de la población española y detecta riesgos estructurales en el Sistema de Atención a la Dependencia.
232.000 personas siguen en lista de espera y el 62,3% de los atendidos se encuentra en infraprotección o doble copago.
El informe también documenta una persistente brecha de género del 30,7% en las pensiones en vigor y diferencias muy marcadas entre comunidades en inversión sanitaria.
Claves del informe:
https://pensionistas.ccoo.es/e3d673a8a551afbd2b7b6f72e5a61b14000059.pdf
