El Gobierno de Asturias ha anunciado una inversión de 12,8 millones de euros para fortalecer la protección social y apoyar a las personas más vulnerables. Esta medida, aprobada en la Comisión Institucional del Sistema de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, busca cubrir necesidades básicas como vivienda y energía, además de promover proyectos de inclusión social. La inversión total en servicios sociales municipales alcanzará los 272 millones hasta 2027, garantizando así la sostenibilidad y mejora de los recursos públicos esenciales. Las ayudas incluirán apoyo a familias con menores en situación de vulnerabilidad y se espera que la movilización total de recursos supere los 23 millones de euros en 2026.
El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido reforzar la protección social en la región con una inversión de 12,8 millones de euros, destinados a entidades locales. Esta medida fue aprobada en una reciente reunión de la Comisión Institucional del Sistema de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, bajo la presidencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra.
Con esta asignación, el Principado asegura que se ejecutará la totalidad de los 82 millones previstos para servicios sociales municipales en 2026, lo que refuerza la estabilidad y continuidad de estos recursos públicos esenciales.
La inversión se divide en dos grandes áreas. En primer lugar, se destinarán 10.620.693 euros a ayudas de emergencia social, que abarcan apoyo para vivienda, garantía energética, intervención social y desarrollo de proyectos locales de inclusión. En segundo lugar, se reservan 2.179.306,61 euros para ayudar a familias con menores en situación vulnerable.
A esta cantidad se suman 2,3 millones correspondientes a ejercicios anteriores aún pendientes de ejecución, elevando así los fondos disponibles para 2026 a un total de 15,1 millones. Además, las entidades locales ya aportaron 7,7 millones en 2025, lo que sugiere que la movilización total superará los 23 millones de euros.
En la reunión participaron representantes del Gobierno del Principado y municipales, así como Cecilia López, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). La comisión institucional actúa como un órgano coordinador entre el Principado y los ayuntamientos para asegurar la correcta aplicación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
A lo largo del año se han ejecutado hasta ahora 82 millones, distribuidos en tres bloques: 32,1 millones al plan concertado —que incluye el fondo contra la soledad no deseada—; 36,9 millones al servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes; y los mencionados 12,8 millones, que financian prestaciones vitales y programas de inclusión social.
Dicha inversión forma parte del plan plurianual aprobado en mayo de 2023, que contempla una inversión histórica total de 272 millones hasta 2027. Este acuerdo garantiza financiación para personal, mantenimiento de servicios, teleasistencia y atención a situaciones específicas como la dependencia y el aislamiento social en áreas rurales.
A través de este nuevo marco colaborativo entre el Gobierno asturiano y los ayuntamientos se busca consolidar una red pública robusta en servicios sociales y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
| Descripción | Cifra (euros) |
|---|---|
| Inversión total para 2026 en servicios sociales municipales | 82,000,000 |
| Ayudas de emergencia social | 10,620,693 |
| Ayudas para familias con menores en situación de vulnerabilidad | 2,179,306.61 |
| Total de fondos disponibles en 2026 para ayudas y programas | 15,100,000 |
El Gobierno de Asturias destinará 12,8 millones a las entidades locales para financiar prestaciones vitales y proyectos de inclusión social.
La inversión total prevista en servicios sociales municipales hasta 2027 es de 272 millones de euros.
Las ayudas cubrirán necesidades básicas como vivienda, energía y apoyo a familias con menores, además de impulsar proyectos de inclusión social.
Los fondos se estructuran en dos grandes líneas: 10.620.693 euros para ayudas de emergencia social y 2.179.306,61 euros para ayudas dirigidas a familias con menores en situación de vulnerabilidad.
A esta cantidad se suman 2,3 millones de ejercicios anteriores que aún estaban pendientes de ejecución, lo que eleva a 15,1 millones los fondos disponibles en 2026 para este tipo de ayudas y programas.
El objetivo del acuerdo es consolidar la red pública de servicios sociales y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.