El economista José Ignacio Conde-Ruiz, de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid, publica el estudio Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional. Su tesis central es que el principal obstáculo para la equidad entre generaciones no es económico sino institucional: a medida que el votante mediano envejece, los sistemas democráticos tienden a proteger el gasto presente frente a la inversión en el futuro.
El dividendo demográfico aportó 0,44 puntos anuales al crecimiento del PIB per cápita entre 1980 y 1999.
Entre 2000 y 2019 pasó a restar 0,19 puntos.
Las proyecciones del INE apuntan a que seguirá siendo negativo en las próximas décadas: –0,64% anual entre 2031 y 2040.
Incluso con los flujos migratorios previstos, el dividendo demográfico no se recuperará.
La tasa de dependencia de mayores se sitúa hoy en el 31%.
Alcanzará el 51% en 2050 y se mantendrá por encima del 70% hasta el final del horizonte de proyección del INE en 2074.
No es un pico que pasa: es una meseta.
Entre 1995 y 2024, el gasto asociado al envejecimiento aumentó 5,3 puntos del PIB, pasando del 13,8% al 19,1%.
En ese mismo período, la inversión pública cayó del 4,4% al 2,7% del PIB.
El estudio lo llama "las tijeras del Estado del bienestar".
Las pensiones pasarán del 12,9% al 16,1% del PIB entre 2023 y 2050.
El gasto total asociado al envejecimiento alcanzará el 25,5% del PIB en 2050.
Sin reformas, la deuda pública superaría el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070.
La diferencia respecto a un escenario sin presión demográfica es de casi 50 puntos del PIB.
En 2017, por primera vez en la historia democrática española, el número de votantes mayores de 64 años superó al de menores de 35.
En 2025, los mayores de 64 representan el 24,7% del electorado potencial frente al 22,7% de los menores de 35.
En 2074, esa brecha se habrá disparado: 35% frente a 20%.
La brecha de participación entre jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 o más oscila estructuralmente entre 8 y 15 puntos porcentuales.
Corregido por participación, el peso electoral efectivo de los menores de 35 cae del 22,7% del electorado potencial al 18,7% del voto efectivo.
El de los mayores de 64 apenas se mueve: del 24,7% al 25,1%.
Los jóvenes tienen menor peso electoral efectivo.
Reciben menos atención programática.
Encuentran menos incentivos para participar.
Y como la juventud es un estado transitorio, no acumulan capital político intergeneracional.
Desde 2010, el saldo estructural ha sido negativo de forma ininterrumpida en España.
En 2025 se sitúa en el –3,2% del PIB potencial.
El artículo 135 de la Constitución prohíbe el déficit estructural desde 2011, pero nunca se ha aplicado con plenitud.
La primera reforma propone reducir la edad de voto a los 16 años.
Según el INE, en 2027 hay 1,09 millones de jóvenes de 16 y 17 años en España.
Su incorporación elevaría el peso del tramo 16-34 años en el electorado del 23,2% al 25,1%.
Se propone también crear figuras institucionales de representación del largo plazo, al estilo de los Comisionados para las Generaciones Futuras de Gales o Hungría.
Y exigir memorias de impacto intergeneracional en todas las normas con efectos sobre el futuro.
La segunda reforma propone hacer efectiva la prohibición de déficit estructural del artículo 135.
Añade una regla de simetría: cada euro adicional de gasto orientado a los mayores exigiría un euro equivalente en partidas orientadas al futuro.
Ninguno de esos euros adicionales podría financiarse con deuda.
Esta regla elevaría el coste político de las promesas electorales a los mayores al hacerlas financieramente simétricas.
La tercera reforma propone un conjunto de medidas concretas.
Pensiones: recuperar el factor de sostenibilidad que ajusta la pensión inicial cuando aumenta la esperanza de vida e implantar la jubilación gradual como norma, no como excepción.
Hoy solo el 14% de las nuevas altas de jubilación combinan pensión y salario.
España es uno de los países de la OCDE con menor porcentaje de trabajadores mayores de 65 que combinan ambos: apenas el 0,5% de los hombres y el 1,8% de las mujeres.
Dependencia: desarrollar efectivamente la cobertura de la Ley de Dependencia como seguro colectivo, no como gasto social.
El papel del seguro es compartir un riesgo incierto entre muchos: lo que hace devastadora la dependencia no es su probabilidad sino su coste cuando se materializa.
Ahorro complementario: implantar la adhesión automática a planes de pensiones de empleo, el llamado auto-enrolment, siguiendo el modelo del Reino Unido.
La evidencia demuestra que más del 90% de los trabajadores permanecen en el sistema cuando están inscritos por defecto.
Reorientación del gasto: priorizar educación infantil de 0 a 3 años, I+D+i, infraestructuras productivas y reducción de la pobreza infantil.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Aumento del gasto en envejecimiento 1995-2024 | +5,3 puntos del PIB |
| Inversión pública 1995 | 4,4% del PIB |
| Inversión pública 2024 | 2,7% del PIB |
| Dividendo demográfico 1980-1999 | +0,44 puntos/año al PIB per cápita |
| Dividendo demográfico 2000-2019 | -0,19 puntos/año al PIB per cápita |
| Tasa de dependencia de mayores hoy | 31% |
| Tasa de dependencia de mayores en 2050 | 51% |
| Gasto en pensiones 2023 | 12,9% del PIB |
| Gasto en pensiones proyectado en 2050 | 16,1% del PIB |
| Deuda pública proyectada en 2050 sin reformas | >129% del PIB |
| Mayores de 64 en el electorado en 2074 | 35% |
| Menores de 35 en el electorado en 2074 | 20% |
| Nuevas altas de jubilación que combinan pensión y salario | 14% (2019) |
El estudio sitúa el desarrollo efectivo de la cobertura de dependencia como uno de los pilares de la reforma del Estado del bienestar.
La propuesta es significativa: no la plantea como gasto social sino como seguro colectivo.
Este enfoque tiene implicaciones directas para el sector: una dependencia bien cubierta libera a los mayores del ahorro preventivo excesivo, mejora su calidad de vida y reduce la presión sobre los cuidadores informales.
El principal aporte del estudio es desplazar el debate del terreno presupuestario al institucional.
La insuficiencia de recursos para la dependencia no es solo un problema de dinero: es también un problema de incentivos políticos.
Mientras el votante mediano envejece y las reglas fiscales no garanticen la equidad intergeneracional, el sesgo estructural hacia el gasto presente será difícil de corregir.
Un estudio de Fedea concluye que el principal obstáculo para la equidad intergeneracional en España no es económico sino institucional: el envejecimiento del electorado genera un sesgo político que protege el gasto presente frente a la inversión en el futuro, y sin reformas la deuda pública superará el 129% del PIB en 2050.
El estudio propone tres reformas simultáneas: dar voz a las generaciones futuras, implantar una regla fiscal de simetría intergeneracional y adaptar el Estado del bienestar a la nueva longevidad, incluyendo la dependencia como seguro colectivo y la adhesión automática a pensiones complementarias.
Claves del estudio:
https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2026/07/FPP2026-03.pdf