El Consello de la Xunta aprobó el pasado 14 de septiembre un nuevo proyecto para construir 25 residencias de mayores en Galicia, con más de 1.800 plazas y alrededor de 1.000 puestos de trabajo. El plan se dirige a municipios de menos de 25.000 habitantes que carecen de plazas públicas para personas en situación de dependencia de grado II o III. La Xunta garantiza que al menos el 60% de las plazas serán de titularidad pública, aunque el resto se cederá a la gestión de empresas privadas. La iniciativa ha generado ya la primera polémica política, ya que 22 de los 24 ayuntamientos seleccionados están gobernados por el Partido Popular.
El Consello de la Xunta de Galicia dio luz verde el 14 de septiembre a un proyecto integral de residencias de mayores que contempla la construcción de 25 nuevos centros: una residencia ya comprometida en Ribeira y otros 24 equipamientos organizados en 12 lotes. Cada lote combina una residencia principal, con más de 100 plazas, y un centro satélite de menor tamaño en un municipio cercano, con el objetivo de compartir recursos y personal entre ambos. El proyecto se enmarca en el compromiso anunciado por el presidente Alfonso Rueda en el Debate do Estado da Autonomía de 2025 de crear 3.500 nuevas plazas residenciales en la legislatura, de las que esta iniciativa cubriría poco más de la mitad.
Los 25 centros se repartirán de forma desigual entre las cuatro provincias gallegas: A Coruña concentrará 8 nuevos equipamientos más el ya comprometido en Ribeira, Pontevedra sumará 7, Ourense 5 y Lugo 4. Podrán optar a participar los municipios de menos de 25.000 habitantes que actualmente no cuenten con plazas públicas para personas con dependencia reconocida en grado II o III y que no se hayan beneficiado de programas similares anteriores. Los ayuntamientos interesados tendrán un mes para adherirse al proyecto y un plazo máximo de un año para ceder el suelo necesario.
El modelo se articula mediante colaboración público-privada: la administración autonómica se encarga de construir los edificios, mientras que una empresa privada asume después su gestión mediante licitación. De las 1.800 plazas proyectadas, la Xunta garantiza por escrito que al menos 1.080 (un 60%) serán de titularidad pública, mientras que las 700 restantes, aproximadamente un 39% del total, se cederán a explotación privada. La Xunta no ha concretado, sin embargo, que la gestión de las plazas públicas vaya a recaer necesariamente en la propia administración, algo que ya ocurre en otros centros gallegos gestionados por empresas privadas pese a ser de titularidad pública.
El anuncio ha generado la primera controversia política. La formación Sumar Galicia, a través de su responsable de Igualdad, Rocío Núñez, denunció que "en realidad es un modelo de colaboración con el sector privado" y cuestionó que se presente como una ampliación de la red pública. Núñez subrayó que "no entendemos que el suelo público se utilice para facilitar negocio privado cuando estamos hablando de un servicio esencial" y reclamó que, si existe suelo disponible y una necesidad social evidente, "lo que tiene que hacer la Xunta es construir y gestionar directamente las residencias". La formación también exigió transparencia en los criterios de selección de los municipios, después de constatar que 22 de los 24 ayuntamientos elegidos están gobernados por el Partido Popular.
El calendario del proyecto contempla ahora la adhesión de los ayuntamientos interesados, la cesión de los terrenos y, posteriormente, las licitaciones que determinarán qué empresas se harán cargo de la gestión de cada centro, un proceso en el que se definirá finalmente el reparto real entre gestión pública y privada.