Nacer o envejecer en una comunidad autónoma u otra sigue marcando de forma decisiva el acceso a la ayuda a domicilio, la atención a la dependencia o una simple cita en servicios sociales. Un nuevo informe pone cifras a esa desigualdad territorial.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentó el pasado 17 de septiembre la nueva edición del Índice DEC, el indicador de referencia sobre el desarrollo de los servicios sociales en las comunidades autónomas españolas desde 2012. El índice combina tres dimensiones: el reconocimiento legal y la organización del sistema, la relevancia económica de la inversión pública y la cobertura efectiva de los servicios, y asigna a cada comunidad una puntuación de 0 a 10 que determina su clasificación, desde "óptimo" hasta "irrelevante".
El resultado más contundente de esta edición es que 20 millones de personas, el 42% de la población española, viven en comunidades autónomas cuyos servicios sociales están calificados como "débiles" o "irrelevantes". El gasto público en servicios sociales se sitúa de media en 575,1 euros por habitante y año, equivalente al 10,40% del presupuesto autonómico y al 1,75% del PIB, todavía lejos del 2% que reclama la propia asociación.
| Posición | Comunidad autónoma | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | País Vasco | 7,35 |
| 2 | Castilla y León | 7,20 |
| 3 | Navarra | 7,18 |
| 4 | Canarias | 6,35 |
| 5 | Asturias | 5,80 |
| 6 | Andalucía | 5,63 |
| 7 | Castilla-La Mancha | 5,53 |
| 8 | Aragón | 5,28 |
| 9 | La Rioja | 5,15 |
| 10 | Cataluña | 5,13 |
| 11 | Galicia | 4,98 |
| 12 | Madrid | 4,85 |
| 13 | Extremadura | 4,78 |
| 14 | Comunidad Valenciana | 4,48 |
| 15 | Baleares | 4,03 |
| 16 | Cantabria | 3,95 |
| 17 | Región de Murcia | 3,03 |
País Vasco, Castilla y León y Navarra encabezan la clasificación, con puntuaciones por encima de 7 sobre 10. La consejera vasca Marian Olabarrieta resumió así la filosofía que, a su juicio, explica esos resultados: "el bienestar no es un gasto, es una inversión". Desde Castilla y León, el consejero Alejandro Vázquez atribuyó los buenos resultados a "un modelo basado en el diálogo, la cooperación institucional", mientras que la consejera navarra Carmen Maeztu reivindicó los servicios sociales "como derechos que deben poder ejercerse".
En el extremo opuesto, Murcia, Cantabria y Extremadura cierran la tabla con calificación de "irrelevante". El caso de Cantabria resulta especialmente llamativo: la comunidad, que llegó a destacar en la primera edición del índice, en 2013, ocupa ya la penúltima posición durante los últimos tres años, en lo que el coordinador del estudio, Gustavo García, calificó de "escandaloso", subrayando "las grandes diferencias entre territorios" que generan, en sus palabras, "una gran desigualdad de oportunidades reales".
Entre medias, casos como el de Madrid ilustran lo relativo de estas mejoras: la comunidad logró su mejor resultado histórico, con 4,85 puntos, gracias a una buena ratio de profesionales en atención primaria (1 por cada 583 habitantes, frente a 1 por cada 1.363 de media nacional) y una cobertura de ayuda a domicilio para mayores de 75 años del 20,3%, muy por encima del 12% nacional. Aun así, su inversión por habitante (439,9 euros) sigue por debajo de la media, y solo un 0,4% de las personas en riesgo de pobreza reciben la renta mínima autonómica, frente al 6,2% de media en España.
El informe también recoge la evolución de indicadores concretos desde su primera edición: la cobertura de la ayuda a domicilio ha pasado del 4,7% en 2010 al 5,8% en 2024, y la teleasistencia ha ganado 3,5 puntos de cobertura en trece años hasta el 11,6% actual, avances que la propia asociación considera insuficientes frente al envejecimiento de la población y al crecimiento de la demanda.