La patronal de la dependencia ha presentado un informe que sitúa el empleo en el centro del debate sobre los cuidados. Sostiene que sin profesionales suficientes no habrá sistema sostenible. Propone medidas de reconocimiento, financiación, formación y simplificación administrativa, y pide una estrategia de Estado.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha publicado «Cuidar es futuro. Generar empleo y garantizar el bienestar de una sociedad que envejece», fechado en octubre de 2026. Según el propio documento, es el resultado de un proceso de escucha activa y cocreación impulsado por la asociación.
La base es la sesión «Sostenibilidad de los cuidados: generar empleo y garantizar el bienestar de una sociedad que envejece», celebrada en Madrid el 8 de octubre de 2026. Contó con una ponencia marco del doctor Gustavo Zaragoza, profesor e investigador de la Universidad de Valencia y codirector de Longevidad Lab. Las mesas de trabajo reunieron a representantes de administraciones, responsables institucionales y políticos, investigadores y agentes del sector social y empresarial.
AESTE publicó la noticia de la presentación el 28 de octubre. El informe se estructura en una introducción, un diagnóstico, dos bloques de propuestas y una conclusión.
El informe recoge datos de fuentes públicas y de organismos internacionales. Según el INE, las personas de más de 65 años pasarán del 20,4 % de la población en 2025 al 30,5 % en 2055. La tasa de dependencia subirá del 47,8 % en 2024 al 69,8 % en 2050. La AIReF proyecta que el gasto público en cuidados de larga duración pasará del 0,8 % del PIB al 1,8 % en 2070.
Las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, citadas en el informe, apuntan a la necesidad de incorporar entre 261.400 y 639.400 profesionales adicionales de cuidados de larga duración antes de 2030. Esto supone un incremento del 131 % respecto a la situación actual. Según la Comisión Europea, la UE necesitará más de 1,6 millones de profesionales de este tipo antes de 2050.
El documento describe además varios factores estructurales de la plantilla. Cerca del 90 % del empleo profesional son mujeres, el 58,6 % de los trabajadores supera los 45 años y el 22,15 % es de origen extranjero. De estos últimos, el 79,92 % procede de fuera de Europa. El informe señala que su incorporación se ve frenada por procedimientos complejos, la lentitud de la homologación de títulos y la falta de reconocimiento de la formación en origen.
El informe cifra la lista de espera en 182.532 personas con dependencia reconocida pendientes de recibir prestación o servicio, con una demora media de 338 días en la tramitación del expediente. Atribuye estos datos al Ministerio de Derechos Sociales.
Sobre la reciente reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, destaca la declaración de los servicios sociales como servicios esenciales, la compatibilidad de prestaciones, la teleasistencia como derecho subjetivo y la simplificación administrativa. Recoge también un marco de 6.200 millones de euros adicionales para 2026 y 2027, junto con 904 millones para el nivel acordado con las comunidades autónomas.
Entre los riesgos pendientes, el documento apunta a la insuficiencia financiera y la aplicación desigual, el posible desplazamiento de la atención técnica hacia el entorno doméstico por las prestaciones para cuidados familiares y la escasez de profesionales. Añade la rigidez de la contratación pública, que según el informe deja desiertas el 17,6 % de las licitaciones, y la diferencia de IVA entre el 4 % de los servicios con financiación pública y el 10 % de los privados.
El primer bloque propone consolidar la atención a la dependencia como cuarto pilar del Estado de Bienestar, al nivel de la sanidad y la educación. Plantea una mesa de trabajo interministerial permanente y adaptar a España la hoja de ruta de la Organización Internacional del Trabajo, con cinco ejes: reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar. Propone también introducir contenidos sobre longevidad en la educación primaria y dar visibilidad a las profesiones del cuidado.
En financiación y tarifas, pide garantizar que cualquier mejora de convenios colectivos vaya acompañada del incremento de las tarifas públicas. Propone orientar al 50 % la financiación estatal hacia las mejoras salariales y exigir a las comunidades que mantengan su esfuerzo presupuestario. Reclama modificar la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público para poder revisar precios durante la vigencia de los contratos.
En formación, plantea programas de formación continua en el puesto de trabajo, perfiles que conecten lo social y lo sanitario y mayor autonomía organizativa para los servicios. Para el personal extranjero, propone formar y certificar en origen, crear vías ágiles de acreditación y acortar los plazos de homologación. Incluye medidas de salud laboral y facilidades de vivienda en zonas con dificultad de cobertura.
En el ámbito comunitario, propone priorizar la atención profesionalizada y orientar a las familias hacia el acompañamiento afectivo. Plantea además una pasarela hacia la acreditación profesional para cuidadores familiares que quieran incorporarse al sector.
El segundo bloque aborda la colaboración público-privada, con marcos estables de concertación y estándares homogéneos de calidad. El informe recuerda que, según el Imserso, el 87,7 % de los centros residenciales son de gestión privada.
Propone una «ventanilla única» que integre la valoración del grado y la resolución del Programa Individual de Atención, y plataformas interoperables entre administraciones. Incluye soluciones para el medio rural, como el servicio de ayuda a domicilio itinerante y el transporte adaptado a centros de día comarcales.
También plantea una historia social y clínica única compartida, itinerarios de atención que prioricen los apoyos domiciliarios y comunitarios, y soluciones tecnológicas como la teleasistencia avanzada. Defiende además considerar el sector como inversión: según el informe, cada euro público genera 1,6 euros de actividad en el PIB y el 49 % del gasto retorna a las administraciones. Propone aplicar el IVA del 4 % a todos los servicios de dependencia.
El informe propone un Pacto de Estado por los Cuidados que articule las medidas de captación, formación, reconocimiento y condiciones laborales. Según el documento, debe establecer un marco a largo plazo, con financiación suficiente y seguridad jurídica, que proteja al sector de los cambios políticos y normativos.
La conclusión señala tres principios: cuidado adecuado en el momento adecuado, libertad de elección e igualdad de acceso en todo el territorio.
| Indicador | Dato del informe | Fuente citada |
|---|---|---|
| Profesionales adicionales hasta 2030 | Entre 261.400 y 639.400 | Ministerio de Derechos Sociales |
| Incremento necesario de profesionales | 131 % | Ministerio de Derechos Sociales |
| Población mayor de 65 años | Del 20,4 % (2025) al 30,5 % (2055) | INE |
| Gasto en cuidados de larga duración | Del 0,8 % al 1,8 % del PIB (2070) | AIReF |
| Lista de espera | 182.532 personas, demora media de 338 días | Ministerio de Derechos Sociales |
| Licitaciones desiertas | 17,6 % | Ministerio de Hacienda |
| Centros residenciales de gestión privada | 87,7 % | Imserso |
AESTE ha publicado «Cuidar es futuro», un informe surgido de una sesión de cocreación celebrada en Madrid el 8 de octubre de 2026. Sitúa el empleo en el centro de la sostenibilidad del sistema y recoge una necesidad de entre 261.400 y 639.400 profesionales adicionales antes de 2030. Propone reconocer los cuidados como cuarto pilar del Estado de Bienestar, vincular la financiación a la mejora salarial, agilizar la formación y homologación y simplificar los trámites. Plantea además un Pacto de Estado por los Cuidados.