La equiparación del IVA de los mayores ha motivado la presentación, por parte del Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León, tras reunirse con las direcciones de CEAPs y de Acalerte, de una proposición no de ley en este parlamento para reducir este impuesto que pagan las personas mayores y dependientes por residencias y otros servicios asistenciales privados del 10 al 4 por ciento, que es el tipo de aplicación a las prestaciones asistenciales públicas y concertadas.
"Lo que pretendemos en una reclamación de justicia social", ha afirmado el presidente de Acalerte, Diego Juez, quien ha acudido al encuentro con parlamentarios del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León junto al director gerente de CEAPs, Alfonso de la Lama-Noriega, y otros miembros de las directivas.
Para el presidente de Acalerte, "se penaliza a las personas que acuden al sector privado y lo que pretendemos es tratar de eliminar esa desigualdad social". Para ello, tanto esta Federación de Atención a la Dependencia como CEAPs, han manifestado que esperan que el apoyo de Castilla y León sea secundado por otras comunidades autónomas y, de esta forma, conseguir que el Gobierno central incluya la equiparación del IVA de los mayores en los Presupuestos Generales del Estado.
CEAPs ha explicado que el sector de los Servicios Sociales es el único en el que existe un IVA diferente según quien abona la factura. Un persona mayor que acude a una residencia privada tiene que pagar un 10 por ciento de impuestos por la plaza que va a ocupar, mientras que, si esa misma plaza se sufraga mediante un concierto con una administración pública, el IVA que se ingresa al Estado es del 4 por ciento.
"Lo que se pretende desde CEAPs es eliminar esa diferencia y lograr que el usuario no se vea perjudicado y pague, también, el 4 por ciento de IVA cuando acuda de forma privada a recibir un servicio". Según cálculos de la organización empresarial, la medida supondría a los mayores un ahorro medio de 106 euros al mes, del que se beneficiarían 200.000 usuarios de servicios residenciales privados en España, cifra que sería aún mayor si se tienen en cuenta centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.
Además, con la mayor ocupación de los centros que permitiría este ahorro, "se podrá generar más empleo, sobre todo en el medio rural, femenino y especializado", ha señalado De la Lama-Noriega, tras la reunión mantenida con miembros del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León.
Este encuentro se enmarca en la campaña que mantiene CEAPs para la igualdad del IVA que abonan los mayores por los servicios a la atención a la dependencia, dentro de la que ha promovido la difusión de un manifiesto al que ya se han adherido -según datos de esta patronal- cerca de un centenar de organizaciones, entidades y empresas, tanto civiles como sociales y económicas, de todos los ámbitos territoriales, entre las que destacan las asociaciones de mayores.
Este denominado "Manifiesto por la equiparación del IVA que pagan los mayores en los servicios de atención a la dependencia" recoge que "no tiene explicación que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente". Así como defiende que "no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público".
"La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién la preste", sentencia el manifiesto, tras detallar que, de las personas dependientes en España, el 75 por ciento tienen 80 años o más, y el 97 por ciento padece enfermedades crónicas. Ascienden a 310.000 los dependientes que cumplen los criterios para recibir una prestación y "no la reciben porque están en lista de espera".
"Cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho", mientras "España se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento progresivo de la población", recuerda el manifiesto de CEAPs por la igualdad del IVA.
CEAPs es la organización empresarial del sector de la dependencia de mayor representatividad en el ámbito nacional. Pertenecen a ella más de 1.300 empresas, que gestionan más de 100.000 plazas residenciales y más de 400.000 servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, con una plantilla que supera los 80.000 trabajadores.