Una equiparación parcial del IVA de los mayores, recogida en una enmienda presentada por el PDeCat, ha sido aprobada en el Pleno del Congreso con el conjunto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que continúan su tramitación en el Senado. Permite reducir este impuesto al 4 por ciento para los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y atención residencial que cuenten con una financiación pública de, el menos, un 10 por ciento.
En la actualidad, asciende al 10 por ciento el IVA que grava los servicios de atención a la dependencia privados y los que cuentan con una Prestación Vinculada al Servicio (PEVS) inferior al 75 por ciento. Un impuesto que, para CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a Personas), debería estar fijado en el 4 por ciento para todos los servicios, independientemente de su carácter público o no.
"Esta medida, aunque no alcanza al conjunto de los mayores y dependientes, como es nuestro objetivo, si aliviará, de manera significativa, la economía de muchos dependientes", ha afirmado la presidenta de CEAPs -organización empresarial del sector con mayor representatividad en el ámbito nacional-, Cinta Pascual, para quien la equiparación parcial del IVA lograda es un avance.
CEAPs calcula que la unificación del IVA recogida en los Presupuestos Generales del Estado afectará, al menos, a la mitad de las personas que ahora están pagando un tipo de IVA mayor, es decir, del 10 por ciento, por los servicios y plazas del sistema de dependencia. La decisión beneficiará, según las cuentas de esta organización, a unos 100.000 mayores.
Ante este logro parcial, CEAPs ha anunciado que seguirá trabajando con las administraciones públicas y los partidos políticos para la consecución de un pacto que, en el próximo ejercicio presupuestario, permita generalizar esta equiparación del IVA a todos los dependientes.
"Es una medida justa para los ciudadanos y buena para este sector de actividad, que es estratégico en el estado de bienestar de los españoles, más si cabe con el reto demográfico al que nos estamos enfrentando y que debe tener respuesta por parte del Estado", ha reivindicado Pascual.
Esta demanda sectorial no es reciente, sino que ha acompañado al sistema de dependencia desde su puesta en marcha. Aunque ha sido ahora, con el impulso de CEAPs y la unión de todo el sector en torno a un manifiesto, cuando el Congreso lo ha tenido en cuenta en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
En este sentido, Jesús Cubero, secretario general de AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), patronal que agrupa a los grandes operarios privados del ámbito -Amavir, Ballesol, Caser Residencial, Eulen Sociosanitarios, DomusVi, Ilunion Sociosanitario, Orpea Ibérica y Sanitas Mayores-, ha recordado que el primer paso se dio hace varios años con una recogida de firmas que se tradujo en la reducción del tipo impositivo al 4 por ciento siempre que se cubriese el 75 por ciento del coste del servicios con una PEVS.
La unión del sector ha contado también, en esta movilización por la equiparación del IVA, con el apoyo explícito de asociaciones de mayores de todo el país como la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (AESFAS), y otras muchas entidades empresariales, profesionales y empresas que se han adherido al "Manifiesto por la equiparación del IVA que pagan los mayores en los servicios de atención a la dependencia".
"La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién la preste", recoge el manifiesto, tras detallar que, de las personas dependientes en España, el 75 por ciento tienen 80 años o más, y el 97 por ciento padece enfermedades crónicas. Ascienden a 310.000 los dependientes que cumplen los criterios para recibir una prestación y "no la reciben porque están en lista de espera".
Un IVA del 4 por ciento para todos los servicios de atención a la dependencia supondría a los mayores un ahorro medio de 106 euros al mes, del que se beneficiarían un total de 200.000 usuarios de servicios residenciales privados en España, cifra que sería aún mayor si se tienen en cuenta centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.