El número de personas dependientes en España se duplicará en los próximos diez años, desde el millón de personas actual hasta los 2,1 millones que pronostica la Red Europea de Envejecimiento en el estudio ‘Cuidados de larga duración en Europa en el horizonte de 2030’.
El estudio ha sido presentado por Juan Vela, presidente nacional de Lares -que forma parte de la Red Europea de Envejecimiento-, durante el XXXI Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología, donde también se ha alertado de la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a las personas en situación de dependencia. El estudio estima en 1.000 millones de euros al año la cantidad necesaria para atender de forma adecuada a las personas dependientes.
En 2018, las Administraciones Públicas de España invirtieron alrededor de 7.400 millones de euros a la atención de dependientes. Según cálculos de los autores e investigadores del estudio, deberían invertirse alrededor de 4.500 millones de euros adicionales hasta 2030 para responder de manera adecuada al reto que enfrenta el país.
En este sentido, Lares advierte que “mantener un compromiso de crecimiento de 830 millones de euros durante diez años [los incrementos de 2018] nos llevará en el horizonte de 2030 a un déficit de financiación superior a los 1.300 millones de euros, cantidad que conllevará la falta de atención de más de 125.000 personas, de las cuales 1 de cada 4 requerirán atención residencial”.
Si bien España es uno de los pocos países que cuentan con una legislación específica para cuidar y proteger a las personas en situación de dependencia, la normativa carece de una asignación presupuestaria unificada y coherente con las necesidades reales de la población, como en su día evidenció otro estudio sobre ‘el caos de la dependencia’. La problemática se observa mejor con cifras, en este caso las que contiene el estudio ‘Cuidados de larga duración en Europa en el horizonte de 2030’: actualmente hay 1.076.531 de personas dependientes atendidas en España, sobre el 1.331.251 de personas que tienen derecho a ello, lo que evidencia un desfase de más de 300.000 personas que no reciben prestación o ayuda alguna a pesar de reunir las condiciones para ello. Todo, en el país llamado a ser líder global en longevidad en los próximos años.