El Gobierno de Castilla y León ha sacado a concurso la adjudicación de la gestión de una residencia para mayores en Aranda de Duero, en Burgos. La residencia cuenta con 130 plazas, a las que se suman otras 32 de centro de día. El importe de la adjudicación roza los 14 millones de euros y se extenderá a un periodo de 60 meses, según han publicado varios medios.
La residencia en cuestión es el Centro Virgen de las Viñas, ubicado en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. El centro ha sido recientemente renovado para ampliar su capacidad hasta las 130 plazas residenciales (de 120 con que contaba) y 32 de estancia diurna (de la veintena que ofrecía hasta entonces). La ampliación de su capacidad ha llevado al centro a incrementar su personal en casi una decena de profesionales más, hasta los 48 con que cuenta de cara al concurso.
El Gobierno de Castilla y León, la región más envejecida de España, destinará casi 14 millones de euros a esta concesión, que se extenderá hasta 2024. El presupuesto incluye 344.802 euros para 2019; 2,75 millones anuales entre 2020 y 2023; y 2,41 millones de euros en 2024. La concesión comenzará el próximo mes de octubre.
Entre los requisitos para obtener la concesión de la nueva residencia para mayores en Aranda de Duero están ofrecer servicios de peluquería y podología a cargo de la empresa adjudicataria (que podrá cobrar por ellos) o proporcionar ropa de mesa y aseo en el caso de estancia diurna. Al respecto, los usuarios del centro de día tendrán que poder utilizar el comedor, las salas de convivencia y otros espacios comunes con que cuenta el centro, según el pliego de condiciones.
Castilla y León, consciente del reto sociodemográfico que enfrenta, está moviendo ficha para responder con servicios públicos de calidad. En abril, la Junta anunció una inversión de 1,8 millones de euros para dos residencias en la Comunidad, ubicadas en Palencia y Miranda de Ebro. Un mes antes, el Gobierno autonómico adjudicó a Tunstall Televida el desarrollo de una plataforma tecnológica para teleasistencia, por un importe de en torno a un millón de euros. En este caso, se trató de una Compra Pública Innovadora (CPI), un sistema de contratación pública que busca alcanzar unos resultados concretos sin especificar a través de qué iniciativas se logran, lo que deja un amplio margen de maniobra a las empresas que obtengan el contrato a cambio de garantizar la consecución de unos resultados preestablecidos.