CEAPs ve “esperanza” para los mayores y dependientes en el nuevo Gobierno que acaba de tomar posesión en España. “Es un momento de esperanza para los miles de dependientes que llevan años esperando mejorar su situación”, ha expresado Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs).
A pesar de estas palabras, desde CEAPs invitan al nuevo Ejecutivo a prestar especial atención al sector de los mayores y dependientes, especialmente desde el punto de vista de la financiación. “Sin financiación real y finalista no puede existir justicia social para todos los ciudadanos”, apunta Cinta Pascual.
Desde CEAPs recuerdan la importancia que el sector de la dependencia tiene para la economía española, donde por cada millón de euros invertido se retorna al Estado el 40 % de la cantidad comprometida y se generan 38 puestos de trabajo. Además, un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha cifra en 200.000 empleos los generados cada año gracias a la aplicación de la Ley de Dependencia. La mayoría de estos empleos están en manos de mujeres.
“Por ello, pedimos al nuevo Ejecutivo que lo tenga en cuenta, porque apoyar los cuidados profesionales implica apostar por las mujeres, que son los motores de la lucha contra la despoblación”, explica Pascual, quien ha dejado claro que desde CEAPs “nos ponemos a disposición del nuevo Ejecutivo desde hoy mismo para comenzar a trabajar, porque las personas no pueden esperar más”.
Las cifras sobre atención a la dependencia en España son preocupantes. No ya por el “caos” que, según el propio CEAPs, supone el sistema actual, sino porque en ocasiones la ayuda a dependientes puede demorarse más de 400 días. Cada año mueren 31.000 personas sin haber podido acceder a la prestación a la que tienen derecho. Todo ello a pesar de que “según la Ley de Dependencia, los servicios tienen carácter prioritario”, como explican desde CEAPs.
Precisamente, la legislación contempla que si el sistema público no dispone de recursos materiales suficientes para atender a las personas que lo necesitan “el usuario tendrá derecho a una prestación económica vinculada al servicio para que pueda contratarlo en el mercado privado”, como explican desde el Círculo Empresarial de Atención a Personas. “Si se dotase adecuadamente la prestación vinculada al servicio, se conseguiría que inmediatamente saliesen del limbo de la Ley de Dependencia 37.500 personas”, aseguran.
De ahí que la llegada de un Gobierno que se autodefine como “progresista” y que asegura que luchará por la “justicia social” sea motivo de esperanza para parte del sector.
La formación del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, después de meses de incertidumbre política y varias repeticiones de Elecciones, supone una inyección de optimismo para parte de un sector que necesita el empuje de la política para poder continuar trabajando.
AESTE considera “una nueva oportunidad para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia” la formación del nuevo Gobierno, según ha explicado Jesús Cubero, su secretario general. “Estamos convencidos de que desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales [en manos de Pablo Iglesias] se agilizará de forma notable la lista de espera que actualmente existe en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”, añade.
Palabras similares han lanzado desde Lares, que ha subrayado que “por primera vez en la historia de la democracia, una vicepresidencia asume la cartera de Servicios Sociales en España”, según ha comentado Juan José García Ferrer, su secretario general. “Tenemos una expectativa que hasta ahora no se había producido, y esperamos que no sea frustrada con el paso del tiempo”, ha añadido. Aunque desde Lares han querido destacar la necesidad de una financiación adecuada. “Un buen modelo de atención precisa de una inversión de 1.000 millones de euros hasta 2030”, explican.
En sentido similar se ha expresado FED, que ha destacado que “es necesaria una financiación suficiente para atender la lista de espera e incrementar los precios de la plaza/día”, según ha expresado su presidente, Ignacio Fernández-Cid.
“La falta de una suficiente financiación se traduce en una lista de espera de más de 257.000 personas dependientes y un precio de concertación pública por debajo de su coste real, lo que pone en peligro el mantenimiento de la calidad de los servicios que, hasta la fecha y gracias al esfuerzo de los empresarios, está por encima de la media europea”, ha comentado.