Se suspende el procedimiento de adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Granada. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Granada ha emitido una resolución que responde, de forma definitiva, a la impugnación de los pliegos por parte de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT.
El sindicato consideró que dichas condiciones ofertadas “no garantizan la cobertura de los costes salariales” debido a su baja cuantía económica. En octubre, el procedimiento fue suspendido con carácter provisional, al estimar el Tribunal que concurrían las razones esgrimidas por UGT.
Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) han solicitado una nueva redacción de los pliegos del contrato que tenga en cuenta tanto el Convenio Colectivo del sector en vigor, como “la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial”, según han explicado en una nota de prensa. El pliego impugnado no reflejaba el precio por hora de los trabajadores y carecía de un informe económico como aval del coste de la licitación, tarea del Ayuntamiento de Granada.
UGT también ha solicitado “promover la calidad del servicio no solo para los usuarios, sino también para los trabajadores” porque “en muchos casos están en una situación laboral precaria”. Se calcula que unas 800 personas prestan ayuda a domicilio en Granada, donde hay más de 3.300 personas que reciben este servicio, según datos aportados por el grupo municipal Podemos-IU.
El servicio de ayuda a domicilio es uno de los pilares de la atención a la dependencia en España, convertido asimismo en eje de las políticas de promoción de la autonomía personal de las personas mayores o con dificultades o imposibilidad para llevar un día a día autónomo. Por lo general, el servicio es prestado por empresas concesionarias que ganan los concursos públicos que ponen en marcha las corporaciones locales, titulares, en general, del servicio. Sin embargo, es frecuente que el sector se queje de los bajos precios de las licitaciones, al considerar que resulta insuficiente para cumplir los estándares de calidad asistencial exigidos.
Y todo ello sucede en un escenario de parálisis para el sector tras la ruptura de las negociaciones del VIII Convenio Colectivo de la Dependencia, donde se busca mejorar las condiciones salariales de los trabajadores del sector de la dependencia, pero donde, por otra parte, no existe acuerdo sobre los tiempos de implementación de estas medidas de mejora, aunque sí en el fondo del asunto: es necesario mejorar las condiciones del sector, y las Administraciones Públicas deben tomar partido, como titulares de gran parte de las competencias y servicios del sector.