UDP pide una reforma fiscal progresiva y no recortar subvenciones a entidades estatales. La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España se ha sumado a la petición de organizaciones sociales de toda España que reclaman a los partidos políticos con representación parlamentaria “que se pongan de acuerdo para llevar a cabo una reforma fiscal que sea progresiva para que aporten más los que más tienen” y se combata el fraude fiscal, explica en un comunicado.
Con estas medidas, “los firmantes reclaman el fortalecimiento del Estado de Bienestar en el contexto de la crisis producida por la pandemia”, añaden desde UDP. La organización apuesta por potenciar los impuestos directos frente a los indirectos y por “poner coto a los mecanismos de elusión fiscal que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos”. Para ello, las entidades firmantes (entre las que se encuentran la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Attac España, CCOO, UGT, Gestha, Redes Cristianas o USO) incluso sugieren un pacto de Estado.
Junto a esta petición, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) también ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que “no disminuya el tramo estatal de la recaudación del 0,7 % del IRPF para la realización de actividades de interés general y que destine la recaudación del 0,7 % del Impuesto de Sociedades a fines exclusivamente sociales”.
Desde la UDP justifican esta petición en que estas organizaciones “realizan proyectos y actividades de interés general, consideradas de interés social, dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores”. Proyectos que “facilitan a las organizaciones y a las propias personas avanzar en la participación activa en la sociedad”, explican.
La petición de la UDP también tiene como hilo la crisis “sanitaria y social” provocada por la epidemia de coronavirus en España, en la que “muchas personas mayores han visto cómo sus derechos han sido vulnerados”. En este sentido, la UDP destaca cómo organizaciones del Tercer Sector están proporcionando una “respuesta social” que necesita el apoyo económico de estas subvenciones, sin las cuales no podrían mantenerse.