El Gobierno destinará 480 millones de euros a fomentar la atención domiciliaria frente a los ingresos en residencias de mayores. El dinero se distribuirá a las Comunidades Autónomas para que transformen el sistema de cuidados a personas mayores o en situación de dependencia, con el objetivo de migrar progresivamente a un modelo que prime la permanencia en el hogar.
En paralelo, el Gobierno abogará por transformar las residencias de mayores para que se erijan como entornos similares a los hogares de las personas. Un planteamiento que ya está presente en el sector residencial a través de medidas como la apuesta por las habitaciones individuales o la creación de Unidades de Convivencia, estructuradas por grupos de habitaciones con cocina y zonas comunes para reducidos números de usuarios.
Además de esta partida, el Gobierno destinará 216 millones a la mejora de centros residenciales, con el foco puesto en la modernización tecnológica y la digitalización de las residencias de mayores. Otra partida, en su caso de 31,5 millones, buscará dotar de plena accesibilidad universal tanto a estos equipamientos, como al transporte público de las zonas afectadas e incluso a los canales de comunicación con las Administraciones Públicas.
El objetivo del Gobierno es acercar a España a los estándares europeos en inversión en cuidados de larga duración y atención a mayores y dependientes. En paralelo, busca mejorar la asistencia a estos grupos de población y generar empleo en uno de los sectores más dinámicos del país. Desde el Ejecutivo se pone el acento en que estos empleos no se pueden deslocalizar, al estar estrecha y necesariamente ligados al lugar en que se presten los servicios.
El Gobierno prevé que parte de estos fondos, que procederán en su mayoría de la financiación europea para reactivar la economía, sirvan para reflotar la llamada ‘España despoblada’: zonas rurales que se están quedando sin habitantes por no poder ofrecer un atractivo que lleve a las familias y, sobre todo, a los jóvenes a planificar en ellas un proyecto de vida.
“Estos fondos suponen una oportunidad histórica de transformación social, y desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hemos pisado el acelerador para que las comunidades autónomas los tengan disponibles cuanto antes, porque sabemos que la gente de nuestro país necesita notar cuanto antes los fondos en el bolsillo, en las economías de las familias”, ha explicado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.